La Mesa de Productores de Leche de la Provincia de Santa Fe (Meprolsafe) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) brindaron un informe el cual Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) hizo pública. En el artículo se destaca la presión que sufre el sector tambero y la necesidad de una reforma para detener la informalidad.
Las entidades gremiales detectaron en charlas con productores está realidad dramática: informalidad superior al 40%, en ventas, en compras y en RRHH y presencia de productos fraudulentos en el mercado, todo esto con el justificativo de la alta presión fiscal.
“Realmente pensamos que la presión fiscal no justifica estos delitos, pero un empresario tambero en Argentina debe afrontar un mínimo de 37 tributos anuales distribuidos entre los niveles nacional, provincial y municipal”, esgrimieron desde Carsfe, gremial afiliada a CRA.
Según el informe, aun en un contexto de mejores niveles productivos y avances tecnológicos, los márgenes se ven erosionados por una estructura tributaria que desalienta inversiones y limita el crecimiento. “La producción mejora, pero la rentabilidad no acompaña”, es la síntesis que repiten desde el sector.
La carga tributaria total puede absorber hasta el 42% de las ventas, conformando un entramado de impuestos nacionales, provinciales y municipales que, según los productores, empuja a muchos establecimientos al límite de su viabilidad.
En el plano nacional, bajo la órbita de Arca (ex Afip), uno de los tributos centrales es el impuesto a las ganancias, tanto para sociedades como para personas físicas.
Se trata de un esquema progresivo, con alícuotas que van del 25% al 35% sobre la utilidad neta. Para 2026, el tramo más alto se aplica a rentas que superan los $ 347 millones.
Desde las entidades comentan que, en un sistema ordenado, se trata de un impuesto razonable, aunque cuestionan su peso en el contexto actual.
Otro punto crítico es el impuesto al valor agregado (IVA), con una alícuota general del 21%, y tasas reducidas del 10,5% para algunos sectores, los productores reclaman una reducción específica para la actividad lechera, con el objetivo de estimular el consumo de lácteos y mejorar la ecuación económica del sector.
También aparece en el centro de las críticas el impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido como “impuesto al cheque”. El problema con este tributo es que, al repetirse operaciones, se genera un efecto de “impuesto sobre impuesto”, por lo que plantean directamente su eliminación.
En la misma línea se cuestionan los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que se pagan cada vez que se carga gasoil o nafta.
Algo similar ocurre con los impuestos internos aplicados a tecnología y productos electrónicos, considerados una barrera para incorporar innovación y mejorar la eficiencia en los sistemas productivos.
Respecto de las cargas sociales, se propuso avanzar hacia un esquema más moderno, mientras que en el caso de retenciones y percepciones —pagos a cuenta de Ganancias e IVA— el planteo fue contundente: avanzar hacia su eliminación para que cada contribuyente tribute lo que corresponde, con controles directos por parte del organismo recaudador.
En ese marco, se destacó la utilidad del monotributo, aunque se reclamaron mayores controles para evitar maniobras de evasión.
En el ámbito provincial, los impuestos que más pesan sobre la actividad son ingresos brutos, que grava la facturación bruta con alícuotas que suelen ubicarse entre el 1,5% y el 5%, además del impuesto de sellos y el inmobiliario rural.
A esto se suman las tasas municipales, que —según denuncian los productores— muchas veces se cobran sin una contraprestación efectiva de servicios.
Desde Meprolsafe y Carsfe coincidieron en que resulta urgente corregir esta matriz impositiva para sostener la actividad tambera. Entre los desafíos prioritarios aparece la necesidad de preservar la rentabilidad, mejorar la competitividad tanto en el mercado interno como en la exportación y garantizar financiamiento para seguir invirtiendo en tecnología y eficiencia.
El sector tambero argentino creció a nivel mundial en producción durante 2025 y mantiene ese dinamismo de cara al 2026, la combinación de presión fiscal, costos crecientes y variables macroeconómicas genera un escenario de alerta. Sin medidas de alivio y apoyo el cierre de tambos podría profundizarse en los próximos meses.
