El oficialismo provincial aprobará mañana martes por mayoría un proyecto de ley que apunta a dinamizar las economías del noroeste y el sur de Córdoba a través de un paquete de beneficios impositivos.
La propuesta fue realizada por el gobernador Martín Llaryora en febrero pasado, en la apertura de sesiones 2025, y desde hace casi dos semanas tomó ingreso a la Legislatura.
En una primera sesión, el miércoles pasado en Laboulaye; y en una segunda, mañana en Cruz del Eje, el PJ con sus legisladores aliados conseguirá aprobar esta nueva ley con exenciones para algunas localidades cordobesas. Aunque en la reunión de comisión de este lunes, los legisladores opositores insistieron con algunas críticas, como la discrecionalidad en beneficios, la falta de debate y de aportes en infraestructura por parte del Estado provincial.
Por lo que el oficialismo no logrará que sea aprobada por unanimidad, pese a que en el debate de este lunes se tomaron tres modificaciones que fueron planteadas por la oposición.
Tras las fuertes críticas, tal como sucedió en Laboulaye, el PJ tendrá la nueva ley con los votos propios, más los legisladores aliados y el apoyo de la UCR, sólo en general. El resto de las bancadas analizará si acompañará. Sobre todo, el juecista que aseguró que “será una ley marketinera”.
Los radicales Oscar Saliba y Fernando Luna, junto con la legisladora del PRO Patricia Botta, forman parte de los opositores que desde hace tiempo reclaman el tratamiento de proyectos propios.
Miguel Siciliano, presidente del bloque de legisladores del PJ, aseguró que se trata de un esquema de incentivos fiscales para sectores industriales, turísticos y del agro con el objetivo de “reducir desigualdades regionales y generar empleo”, y que se tomaron las sugerencias de la oposición. “Se tiene en cuenta la ayuda a las inversiones de salud, a controles en comisiones y que no tenga lugar el juego”, resumió.
El proyecto en debate tiene como primer ítem la creación del Programa de Promoción para el Desarrollo e Igualdad Territorial con vigencia hasta 2027. Y fija un cupo para 2025 de $ 130 mil millones destinado a financiar “beneficios promocionales”.
En lo que hace a los incentivos industriales, la propuesta del oficialismo establece exenciones de hasta el 100% en Ingresos Brutos para inversiones en activos fijos y nuevas plantas fabriles. En Turismo fija beneficios de hasta el 100% en proyectos de hotelería y alojamientos alternativos con la exigencia de mantener la explotación al menos seis años. Mientras que en el agro instrumenta reducciones del 50% en Ingresos Brutos para iniciativas vinculadas con nuevos cultivos o ganadería con radicación territorial.
Para esto, tiene un alcance territorial, ya que establece que este régimen llegue a los departamentos del noroeste: Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Totoral y a pedanías de Río Primero. Mientras que en el sur se beneficiarán los departamentos Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca, aunque se especifica que el Ejecutivo “podrá sumar otras jurisdicciones según criterio técnico”.
Desde la oposición
“Tres cosas que señalé. Primero, que el régimen de acogimiento a las exenciones debe ser un objetivo donde no exista discrecionalidad de los funcionarios y donde exista un régimen sancionatorio para quienes fragüen o no hagan las inversiones que prevé la ley. No un régimen subjetivo como ahora, que permite que los funcionarios tengan la vara para elegir qué proyecto y qué monto”, dijo Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal).
“Segundo, en el tema del juego propuse que se ampliara la redacción incluyendo a los accionistas, directivos y empleados de las empresas de apuestas o juegos de azar y sus controladas o controlantes. Y después en el tema de hotelería propuse una redacción más amplia para que puedan entrar cabañas para acceder al beneficio”, agregó.
Al igual que en el radicalismo, Agrelo acompañará en general, pero rechazará algunos artículos.
Oscar Saliba, quien desde hace tiempo planteó un proyecto para las áreas más desprotegidas, dijo: “El oficialismo hizo muy poquitas modificaciones al proyecto, pero vamos a aprobar en general, aunque al recinto iremos con un despacho en disidencia parcial”, adelantó.
Uno de los enojos de la UCR es que no se hayan tratado proyectos que “durmieron en comisión” y que haya “urgencias electorales” por aprobar una iniciativa del Ejecutivo.
Walter Nostrala, presidente del bloque del Frente Cívico, fue uno de los más duros. “Este proyecto que pretenden aprobar es una burda puesta en escena a días de las elecciones legislativas. Nuestro bloque no quiere ser cómplice de otra mentira a los ciudadanos del noroeste y del sur. Esto es marketing al que nos tienen acostumbrados. Puro humo”, dijo.
También aseguró que la propuesta del juecismo fue modificar la ley de creación del Programa de Promoción y Desarrollo Industrial, que fue aprobada en 2009 y que está vigente, incluso con modificaciones en 2022.
“Probablemente no acompañemos si no modifican la discrecionalidad. Eso se presta para la corrupción, delegan al Ejecutivo para ver cuánto da. Es una barbaridad”, dijo.
En la misma línea se expresó el libertario Gregorio Hernández Maqueda. “Yo no le confiaría una delegación al Ejecutivo y menos a Llaryora, menos al ministro Acosta, a quien le pedimos el juicio político, no les permito que hagan caja… No les voy a dar el poder de legislar”, dijo al hacer referencia a la discrecionalidad en el manejo de fondos.
