Mientras el viernes por la tarde ingresaba a la Legislatura de Córdoba el paquete presupuestario 2026, en los pasillos de la Unicameral se vivieron momentos de desconcierto por la ejecución de un allanamiento judicial vinculado a una investigación que busca determinar si hay más empleados contratados irregularmene en el Poder Legislativo.
La Justicia ejecutó una orden de allanamiento de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación, a cargo de Franco Mondino, con el objetivo de obtener información en el marco de la nueva pesquisa.
Fuentes de la fiscalía de Mondino confirmaron a La Voz que se trató de la primera orden de allanamiento en el marco de esta investigación. Sucede que después de iniciado el caso de Virginia Martínez, que se inició en enero pasado y que se conoce como la “empleada fantasma”, se sumaron dos nuevas presentaciones. “Hay dos denuncias relacionadas con asistentes legislativos contratados”, dijeron desde la fiscalía.
El operativo del viernes responde al objetivo de obtener información para conocer si existieron o no “contratados fantasmas” luego de las revelaciones de diciembre de 2024, cuando se supo que el exconcejal Guillermo Kraisman intentó cobrar a través de un cajero automático el sueldo de Martínez.
“Estas denuncias fueron originadas en la causa por la que se dispuso la detención de Guillermo Kraisman. El Juzgado de Control en lo Penal Económico ordenó profundizar la investigación, por lo que la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico, a cargo del fiscal Franco Mondino, ordenó (el viernes) el allanamiento de diversas dependencias de la Legislatura provincial”, explicaron fuentes al tanto del caso.
Del allanamiento participó personal policial, de la Dirección de Investigación Operativa del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Equipos de Computación de Policía Judicial.
“La medida se llevó a cabo sin inconvenientes y se secuestró numerosa documentación que será objeto de análisis por parte de la fiscalía interviniente”, se comunicó desde la investigación.
Mondino ya había fijado una orden de presentación de información a comienzos de año, después de que se conociera el caso de Martínez, pero la de este viernes se trató del primer allanamiento formal.
Autoridades legislativas también confirmaron a La Voz que personal judicial llegó a la Legislatura de Córdoba con una orden de allanamiento vinculada a una investigación sobre el personal contratado, por lo que se dio la información solicitada de la Secretaría Administrativa, con datos del personal asesor y sus respectivos sueldos.
Martínez había sido contratada y luego dada de baja en diciembre de 2024. Ahora, la nueva investigación no sólo se circunscribe a aquel diciembre, sino a otros momentos y relaciones contractuales.
Ya a comienzos de este año, el fiscal Mondino había citado a la legisladora Nadia Fernández en calidad de testigo por ser la parlamentaria que autorizó el ingreso de Martínez y su baja; y había solicitado información concreta sobre la relación laboral de Martínez. Mondino busca determinar si existieron o no otras situaciones irregulares.
Política
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El procedimiento judicial, infrecuente en el Poder Legislativo, alteró el viernes último el cierre de la semana, que fue especial debido a que al mediodía había sido presentado el Presupuesto 2026 por parte de funcionarios del Ejecutivo.
Desde el entorno de la vicegobernadora Myrian Prunotto aseguraron a La Voz que se brindó la información solicitada por la Justicia.
“Queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias, por lo que se brindó toda la información. Queremos que se llegue a la verdad hasta lo último que deba investigarse. Nos pone contentos que se llegue hasta las últimas consecuencias”, dijeron cerca de Prunotto, quien en enero pasado quedó en el centro de la polémica cuando estalló el primer caso y se la responsabilizó por el manejo de la información y la negativa a hacer público el número de contratos, algo que finalmente ocurrió tras el pedido de acceso a la información pública planteado en la Justicia por La Voz.
El movimiento del viernes en los pasillos alteró no solo a los empleados, sino a algunos legisladores que dijeron haber observaron lo sucedido y que luego pidieron explicaciones a las autoridades.
A través de un comunicado, desde el bloque de legisladores de la UCR expresaron “la máxima preocupación por el allanamiento realizado en la Legislatura de Córdoba en las áreas de sueldos y administración”.
“Lo que se evidenció fue el dudoso manejo que hacen las autoridades de los recursos públicos de todos los cordobeses”, expresaron.
El presidente del bloque de legisladores de la UCR, Matías Gvozdenovich, expresó: “Exigimos la total apertura de la información y la máxima transparencia de parte de las autoridades para el rápido esclarecimiento y la cooperación con la Justicia”.
“Presentaremos inmediatamente un pedido de informes para que se nos indiquen las razones del procedimiento judicial y los empleados y/o funcionarios involucrados. La falta de transparencia y la inobservancia de las leyes de información pública tienen que terminar en Córdoba”, manifestó el legislador radical.
