Un tribunal tunecino condenó a Ahmed Souab, abogado y feroz crítico del presidente Kais Saied, a cinco años de prisión, dijo su abogado, en un caso que, según grupos de derechos humanos, marca una represión cada vez más profunda contra la disidencia en el país norteafricano.
El abogado defensor Yosr Hamid dijo el viernes que su cliente había recibido una sentencia adicional de tres años de “supervisión administrativa” después de que fue arrestado en abril tras las críticas al proceso legal en un juicio de figuras prominentes, incluidos líderes de la oposición.
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El juicio de Souab por cargos “antiterroristas” duró sólo siete minutos, según Hamid, quien expresó su temor de que siente un precedente legal preocupante.
Cientos de figuras de la oposición, abogados, periodistas, sindicalistas y trabajadores humanitarios en Túnez están siendo procesados por “conspiración” o en relación con un decreto de “noticias falsas” emitido por las autoridades.
Esa legislación, el Decreto Ley 54, ha sido criticada por activistas de derechos humanos, preocupados por su interpretación amplia por parte de algunos tribunales.
A Souab, de 68 años, no se le permitió comparecer ante el tribunal el viernes y se negó a testificar por videoconferencia, según Hamid. Su equipo legal se negó a declararse culpable bajo las condiciones.
Souab se enfrenta a una docena de cargos relacionados con el decreto presidencial sobre información falsa.
“La audiencia duró sólo siete minutos” antes de que el juez se retirara a deliberar, dijo Hamid el viernes a la agencia de noticias AFP.
Dijo que había una “falta de motivos fundamentales para un juicio justo” y que la decisión de dictar sentencia después de un juicio de un día sentó “un precedente”.
Mongi Souab, hermano del acusado, dijo que las autoridades “impidieron a los familiares entrar” al tribunal, criticando la brevedad del juicio.
“Una escalada peligrosa”
Souab fue detenido en abril tras criticar el proceso judicial de unas 40 figuras destacadas, incluidos líderes de la oposición, en un caso relacionado con “conspiración contra la seguridad del Estado”.
Entre los destinatarios de ese caso se encuentran figuras del que alguna vez fue el partido más grande, Ennahdha, como el líder y ex presidente del Parlamento Rached Ghannouchi, el ex primer ministro Hichem Mechichi, el ex ministro de Justicia Noureddine Bhiri y Said Ferjani, miembro del ejecutivo político del partido.
Souab fue uno de los principales abogados defensores.
Después de un juicio que incluyó sólo tres audiencias, sin alegatos finales ni declaraciones de la defensa, Souab acusó a las autoridades de poner “un cuchillo en la garganta del juez que debía pronunciar el veredicto”.
Un tribunal antiterrorista interpretó el comentario como una amenaza a los jueces y fue detenido por ello, pero los abogados de Souab dijeron que era una referencia a la enorme presión política sobre los jueces.
Se impusieron duras penas de prisión de hasta 74 años a los acusados en el megajuicio por “conspiración”. La apelación relacionada con ese juicio está prevista para el 17 de noviembre.
Silenciar las voces disidentes
Varias decenas de personas se manifestaron frente al tribunal el viernes, blandiendo fotografías de Souab y coreando que el país estaba “bajo represión y tiranía”.
Varias ONG tunecinas y extranjeras han denunciado un retroceso de los derechos y libertades desde que Saied asumió plenos poderes en 2021 en lo que los críticos han llamado un golpe de estado.
Por otra parte, el viernes, las autoridades tunecinas ordenaron la suspensión del grupo de periodistas Nawaat, que dirige uno de los principales medios de investigación independientes del país, como parte de una campaña represiva cada vez más amplia.
La suspensión de un mes se produce tras acciones similares contra destacados grupos de la sociedad civil como el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales y la Asociación de Mujeres Democráticas, ambos conocidos por defender las libertades civiles.
Las autoridades citaron como justificación auditorías financieras vinculadas a la financiación extranjera, pero los defensores de los derechos humanos dijeron que el verdadero objetivo era silenciar las voces disidentes.
El Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos condenó la suspensión como “una peligrosa escalada en los esfuerzos por amordazar al periodismo independiente bajo un disfraz administrativo”.
Fundada en 2004, Nawaat llevó a cabo investigaciones sobre corrupción y abusos de derechos humanos antes y después de la revolución. En un comunicado, dijo que no se dejaría “intimidar por el clima político actual ni por las campañas de difamación”.
