El frente electoral Unidos por Tucumán presentó ante la Cámara Nacional Electoral un recurso de apelación para revocar la oficialización de la candidatura del gobernador Osvaldo Jaldo como diputado nacional por la alianza Frente Tucumán Primero. Un caso que podría impactar en el resto del país.
La movida judicial, que se complementa con un recurso de queja, apunta a frenar lo que sus impulsores consideran una doble irregularidad: por un lado, una violación explícita de la Constitución Nacional; por otro, la presentación de una “candidatura testimonial” que, según el escrito, constituye “una afrenta al electorado” en vísperas de las elecciones del 26 de octubre.
El caso no es menor ya que no solo involucra al mandatario de una de las provincias políticamente más relevantes del norte argentino, sino que también pone en discusión un fenómeno extendido en la política nacional, donde gobernadores e intendentes se postulan para cargos legislativos sin intención de ejercerlos, con el único objetivo de arrastrar votos o consolidar hegemonías partidarias.
La apelación: la inhabilidad constitucional
El primer eje del planteo de Unidos por Tucumán (que tiene el patrocinio del constitucionalista Antonio María Hernández) se sostiene en el artículo 73 de la Constitución Nacional, que prohíbe a los gobernadores de provincia ser electos como diputados mientras estén en ejercicio de su mandato.
“No podrán ser diputados los gobernadores de provincia por la de su mando”, dice la Carta Magna.
Para los impugnantes, la candidatura de Jaldo resulta “manifiestamente inviable” porque se inscribe dentro de esa prohibición expresa.
La apelación remarca que no se trata de una interpretación forzada ni de un vacío legal. La incompatibilidad está prevista de manera clara en la Carta Magna y ha sido objeto de múltiples antecedentes jurisprudenciales.
“El constituyente argentino quiso evitar que el poder local se trasladara a la representación nacional de modo simultáneo, garantizando un equilibrio institucional y resguardando el principio republicano de división de poderes”, sostiene el escrito.
En otras palabras, el argumento central es que Jaldo no puede ser candidato a diputado nacional mientras ejerce como gobernador. Cualquier intento de habilitar su postulación significaría (según la apelación) un desconocimiento del espíritu y de la letra de la Constitución.
El segundo eje del recurso apunta a un fenómeno que en la jerga política se denomina “candidaturas testimoniales”. Bajo esta práctica, gobernadores o intendentes se presentan como cabeza de lista para garantizar un triunfo electoral, aunque en los hechos nunca asumirán el cargo.
Para Unidos por Tucumán, este mecanismo constituye “una verdadera estafa al votante” porque induce a error. Es decir, la ciudadanía cree que vota a un candidato para que represente sus intereses en el Congreso, cuando en realidad su nombre solo se utiliza como “marca electoral” para acumular poder.
“El electorado no puede ser reducido a un instrumento de legitimación de estrategias partidarias. La democracia se degrada cuando las candidaturas se convierten en ficciones diseñadas para manipular la voluntad popular”, dice la presentación.
Desde esta perspectiva, la postulación de Jaldo no solo sería inválida jurídicamente, sino también ilegítima desde un punto de vista ético y político.
Rechazo y planteo
Tras la presentación de la apelación, la Justicia electoral tucumana rechazó el planteo en primera instancia. Frente a ello, Unidos por Tucumán interpuso un recurso de queja directamente ante la Cámara Nacional Electoral, con el objetivo de que el máximo tribunal en la materia revise la decisión.
En este nuevo escrito, la alianza opositora insiste en los dos argumentos centrales (la inhabilidad constitucional y la naturaleza testimonial de la candidatura), pero suma un elemento adicional: la necesidad de preservar la transparencia del proceso electoral y evitar un precedente peligroso.
Según el recurso, permitir que un gobernador en ejercicio sea candidato a diputado nacional abriría la puerta a una “desnaturalización de la representación política” y consolidaría una práctica que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
La queja advierte que la Cámara tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro: que la democracia argentina no tolera atajos ni maniobras que distorsionen la voluntad popular.
Aunque la disputa se concentra en la provincia norteña, su relevancia excede el escenario local. El caso Jaldo se inscribe en una larga discusión nacional sobre el uso de candidaturas testimoniales y el límite constitucional a la acumulación de cargos.
En 2009, por ejemplo, varios intendentes bonaerenses fueron cuestionados por encabezar listas legislativas sin intención de asumir. Más atrás en el tiempo, distintos gobernadores y vicegobernadores recurrieron a este mecanismo para reforzar el peso de sus partidos en elecciones legislativas.
Cada vez que esto ocurre, resurgen los mismos interrogantes: ¿hasta dónde puede estirarse la lógica de las campañas electorales sin traicionar el contrato democrático con los votantes?
La respuesta oficialista
Desde el entorno del gobernador tucumano, dicen que la impugnación responde a una maniobra política de la oposición, que busca impedir que Jaldo capitalice su alta popularidad.
“Es un intento desesperado por frenar el respaldo masivo que tiene el gobernador. La candidatura es absolutamente legítima y cumple con todos los requisitos legales”, afirman.
Para el oficialismo, la prohibición constitucional solo aplica a gobernadores que pretendan representar a su propia provincia de manera simultánea, algo que -interpretan- no está en juego en este caso, ya que Jaldo se comprometería a asumir el cargo en el Congreso en caso de resultar electo.
