Desde noviembre de 2021, David Benjamin Alexander Labriel Joseph permanece privado de su libertad en Guatemala sin haber sido condenado. Benjamin es afrodescendiente, se desempeña como profesor de inglés y pastor evangélico en su comunidad. Su caso está marcado por irregularidades procesales de todo tipo, recusaciones, amparos, constantes cambios de jueces (siete juzgados involucrados, ocho jueces apartados) y dilaciones que han impedido avanzar hacia una audiencia de revisión de prisión preventiva. Su familia y su defensa denuncian que existe una fuerte motivación racista detrás de este estancamiento judicial. Negrx hizo público su caso a comienzos de junio en el marco de una movilización social en su apoyo. En estos días una nueva movilización y algunos cambios en el proceso judicial ponen nuevamente a Benjamin en el centro del debate sobre un poder judicial guatemalteco cuestionado por su racismo y falta de garantía.
El expediente evidencia un entramado de poder que ha obstaculizado el debido proceso, desde acusaciones desproporcionadas hasta pronunciaciones estigmatizantes por parte de los denunciantes, que han recurrido a estereotipos raciales tildándolo de “haragán” Y “mantenido” para reforzar un relato que lo criminaliza por ser una persona negra. Mientras tanto, su familia, bajo el lema “Todos somos Benjamín”ha convocado marchas y reclamos públicos exigiendo justicia y respeto a la presunción de inocencia y al derecho a una defensa eficaz.
El caso ha generado apoyos a lo largo de todo el país, como el de la Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciario de Guatemala. Su presidenta, la Dra. Sandra Acán, que marchó el pasado 15 de agosto, nos dijo: “Debemos apoyar y solidarizarnos con esta causa donde se cometió una injusticia. (…) El señor Benjamin Labriel es una persona que está cursando la pena de prisión anticipada. Lleva alrededor de 3 años y 8 meses sin que se le resuelva su situación jurídica debido al color de su piel”.
El caso inició un 27 de febrero de 2021 cuando Benjamín protagonizó un choque menor con el auto de su cuñado y su suegra en el marco de un antiguo conflicto familiar por un terreno. El parte policial indica que no hubo heridos ni golpes y que el incidente no fue intencional, mientras Benjamín intentaba retirarse para evitar confrontaciones. Sin embargo, pocos días después su suegra lo denunció por tentativa de femicidio, violencia contra la mujer y portación ilegal de armas, acusaciones desproporcionadas que, sumadas a la influencia de la familia denunciante en la justicia guatemalteca, derivaron en recusaciones, dilaciones y un proceso plagado de irregularidades que lo mantiene detenido hasta hoy.
Hace un mes La Corte de Constitucionalidad dio lugar al recurso de apelación interpuesto por el abogado de Benjamin Labriel y denegó el amparo interpuesto por los acusadores. Aunque la resolución cumplió un mes en el día de ayer, todavía no regresó el expediente de la corte al juzgado de primera instancia para que se programe la audiencia. Esta tardanza en el proceso no es nueva, y redunda en un perjuicio para Benjamin que sigue detenido. En este marco, la comunidad de Chimaltenango realizó una marcha pacifica el pasado viernes 15 con la familia a la cabeza de la multitud. Una vez reunidos en la puerta de la municipalidad de la localidad, su esposa, la señora Liga Salazar tomó la palabra para exigir celeridad en el proceso, y la pronta liberación de Labriel.
Este caso representa una forma cruel y violenta de racismo judicial, donde un hombre ha sido sometido a un encierro prolongado sin condena, bajo un sistema legal que, en lugar de proteger derechos, se convierte en instrumento de discriminación. Las movilizaciones de la comunidad que se mantienen activas, el rol de organizaciones de derechos humanos que acompañan y la fortaleza de su familia compuesta por su esposa y los 4 hijos en común, han sostenido el reclamo a pesar de la apatía de la justicia y la complicidad político-mediatica que sostienen un activo silencio sobre el caso.
