Santiago. Chile investiga si una presunta detenida desaparecida que fue incluida como víctima oficial de la dictadura militar (1973-1990) estaría residiendo en realidad en Argentina, después de que un informe periodístico revelara la víspera indicios de que estaría viva, informaron el lunes las autoridades.
El caso generó revuelo en el país sudamericano después de que la cadena Chilevisión emitiera una nota sobre Bernarda Vera señalando que habría sido hallada con vida en Argentina pese a que figura como una de las 1.469 personas calificadas como víctimas de desaparición forzada en el Plan Nacional de Búsqueda, que investiga las trayectorias de los perseguidos por el régimen de Augusto Pinochet.
Tras ello, el gobierno chileno reconoció que ha recibido en el último año informaciones e “incongruencias” en algunos relatos de testimonios sobre el caso, por lo que ha dictaminado una nueva investigación. Sostuvo que aún no hay pruebas concluyentes sobre la identidad de la supuesta “falsa desaparecida”.
¿En Buenos Aires?
El informe de la cadena señaló que Vera estaría viviendo en el balneario de Miramar, a más de 400 kilómetros al sur de Buenos Aires desde la década del 90, “al parecer con uno de sus hijos y nietos”. Agregó que los involucrados “no han querido hablar a la cámara” pero “el hijo habría confirmado la identidad de la mujer”.
A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia destacó que ha recibido hace unos meses “información documental concreta del caso” en el marco de una “larga y rigurosa investigación administrativa” que inició en mayo de 2024.
La cartera indicó que esta investigación comenzó a propósito del trabajo de elaboración de trayectorias de víctimas del llamado “episodio Liquiñe”, en referencia a una ciudad donde se produjeron secuestros y detenciones, a partir del cual se detectaron “incongruencias en los relatos de algunos testimonios”.
Agregó que, no obstante, “la información recibida no es concluyente para conectar la identidad de la persona consignada como ‘Bernarda Vera’ con la de la víctima calificada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, por carecer de “trazabilidad documental o datos biométricos que permitieran concluir una individualización de la persona”.
Por ello, las autoridades ministeriales han derivado en mayo la investigación a un tribunal de Temuco, en la región central de Chile, que “abrió un cuaderno reservado para ahondar en dicha búsqueda”.
“Casos como estos, donde puedan existir dudas sobre los hechos ya consignados por el Estado en instancias judiciales o administrativas previas, constituyen una excepción dentro del universo total de 1.469 personas calificadas como víctimas de desaparición forzada “, indicó la nota.
Según los documentos oficiales, Vera, que era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, fue detenida el 10 de octubre de 1973, a los 27 años de edad, junto a una quincena de opositores a la dictadura, que dejó unos 3.000 muertos, más de 1.400 desaparecidos y decenas de miles de afectados.
En 1991, tras el regreso de la democracia, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación estableció que Vera y sus compañeros “fueron ejecutados al margen de todo proceso, por agentes del Estado que violaron su derecho a la vida y luego ocultaron sus cuerpos impidiendo a sus familiares darles una digna sepultura”. El rastro de ella se perdió desde entonces.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero —quien hasta el pasado abril ejercía como ministro de Justicia —, pidió “cautela” y respeto hacia la familia hasta que se confirme su identidad.
