La Fiscalía General de la Provincia, encabezada por Juan Manuel Delgado, creó la Oficina de Cuestiones Ambientales y Derecho Animal. La medida se produjo en paralelo a la participación activa del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba en la Red Argentina de Fiscalías Ambientales y en el marco de la organización del XII Congreso de la Red Latinoamericana de Ministerios Públicos Ambientales, en un contexto mundial signado por la crisis climática y ambiental.
La oficina tendrá como ámbito de actuación todo el territorio de la provincia de Córdoba. En cuanto a su competencia material, se estableció que abarque todo hecho que implique un daño ambiental colectivo, así como actos de maltrato y crueldad animal.
La intervención se fijó especialmente en aquellos supuestos que encuadren en figuras contravencionales o penales relacionadas con la tutela ambiental y animal.
Normativa aplicable
El nuevo organismo quedó facultado para intervenir en distintos marcos normativos. En el plano contravencional, se incluyó la Ley 10.326 del Código de Convivencia Ciudadana, la Ley 6.393 sobre juegos de azar y apuestas prohibidas, y la Ley 9.686 de perros peligrosos.
En materia penal, la oficina asumió competencia en causas previstas en la Ley 14.346 sobre malos tratos y actos de crueldad a los animales, la Ley 22.421 de protección y conservación de fauna silvestre, la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y la Ley 25.612 de Residuos Industriales y de Servicios.
También se sumaron la Ley 26.912 de Prevención y Control de Dopaje de Animales y la Ley 27.330 que prohíbe las carreras de perros. Asimismo, se determinó su intervención en tipos penales previstos en el Código Penal de la Nación que tuvieran relación con variables ambientales.
Atribuciones de la Oficina
Las atribuciones de la Oficina de Cuestiones Ambientales y Derecho Animal se esquematizan en cuatro ejes de trabajo.
El primero corresponde a la actuación especializada en Relatoría Ambiental, lo que habilita a analizar y resolver presentaciones asociadas a asuntos ambientales que ingresaran a la Fiscalía General. Esto le otorga un rol central en la evaluación inicial y en la canalización de planteos que involucraran problemáticas ambientales o de protección animal.
En segundo término, se define la coadyuvancia en investigaciones en trámite ante las Unidades Judiciales y Fiscalías del MPF. Esta función le permite examinar actuaciones vinculadas a materia ambiental y de derecho animal dentro de todo el ámbito del Ministerio Público Fiscal, así como brindar apoyo a Unidades Contravencionales, Fiscalías y Unidades Territoriales distribuidas en la provincia.
El tercer eje está relacionado con la formación y capacitación interna y externa. La oficina queda habilitada a propiciar instancias de capacitación permanente, a generar insumos formativos y a sistematizar datos, doctrina y jurisprudencia vinculados a estas disciplinas. Esto representa un aporte tanto para el fortalecimiento institucional interno como para el trabajo articulado con actores externos.
Por último, se estableció el fortalecimiento interinstitucional como un eje clave. Este punto contempla la posibilidad de implementar mecanismos de articulación y proyección de convenios con instituciones estatales y no estatales de distintas áreas, oficiando de nexo para agilizar y optimizar la labor del MPF en asuntos relacionados con el ambiente y con la protección animal.
Respuesta institucional en tiempos de crisis ambiental
La creación de esta oficina se enmarca en una coyuntura de crisis climática y ambiental a nivel global. La decisión de la Fiscalía General apunta a reforzar la capacidad de respuesta institucional frente a problemáticas que involucran daños colectivos y la necesidad de aplicar herramientas legales específicas en materia ambiental y de protección animal.
El MPF de Córdoba ya venía participando activamente en espacios de articulación como la Red Argentina de Fiscalías Ambientales y en instancias de carácter regional, como el Congreso de la Red Latinoamericana de Ministerios Públicos Ambientales.
