El beneficio que prometía alivio para los productores con retenciones cero para todos los granos duró apenas tres días. El cupo de U$S7.000 millones en ventas externas se agotó en un abrir y cerrar de ojos y el malestar creció cuando se supo que la mayor parte de las operaciones fue registrada por las grandes agroexportadoras, que no tenían comprada la mercadería. Las entidades rurales denuncian una transferencia de ingresos en favor de las cerealeras y reclaman transparencia.
“Exportadoras como Bunge, Cargil o Dreyfus, inscribieron ventas al exterior con retenciones cero en 48 horas sin tener los granos y se hicieron de todo el beneficio”, denunció el diputado Rodrigo De Loredo en su cuenta de X. Según el radical cordobés, se trata de “un escándalo”, ya que las cerealeras salieron a buscar la mercadería comprándosela al productor argentino, que no se beneficia en nada con la suspensión de las retenciones. “Los productores chicos y medianos quedaron afuera”.
El anuncio de la eliminación temporal de retenciones para granos y derivados, presentado por el Gobierno como un gesto hacia el sector agropecuario, se convirtió en un nuevo motivo de conflicto. El cupo de U$S7.000 millones en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) se agotó en apenas tres jornadas, dejando a muchos productores afuera y generando la percepción de que la medida fue diseñada a medida de las grandes exportadoras.
El miércoles a última hora, ARCA (exAFIP) comunicó que el beneficio se daba por terminado por haberse alcanzado el límite previsto. El desconcierto fue general. El martes todavía circulaban precios tentadores en Rosario, con la soja a U$S362 la tonelada, pero al día siguiente la cotización ya había caído a U$S346 y por la tarde las operaciones quedaron prácticamente paralizadas.
¿Sin los granos?
Los dirigentes rurales afirman que la mayor parte de la mercadería comprometida en las DJVE aún no fue adquirida y se comprará en los próximos meses, probablemente a un valor menor. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, fue contundente: “Los exportadores deben mostrar cuántos millones de toneladas vendieron y cuántas compraron realmente. Hablé con uno que declaró ventas para mayo de 2026 sin tener el grano”.
La Bolsa de Comercio de Rosario informó que entre lunes y miércoles se fijó precio a 4,4 millones de toneladas, muy lejos de las 18 millones que corresponderían al cupo oficial. La diferencia, según los productores, se explica porque las cerealeras aprovecharon la ventana para declarar ventas futuras y obtener la ventaja fiscal, sin que esas operaciones tuvieran respaldo físico.
“Hay una ley que puede frenar la especulación de exportadoras, que inscribieron ventas al exterior con retenciones cero en 48 horas, sin tener los granos”
Rodrigo de Loredo Diputado nacional
El malestar se amplificó cuando analistas de mercado sugirieron que hubo un acuerdo previo entre el Gobierno y los exportadores. En un contexto de reservas escasas y tensión cambiaria, la medida garantizó ingresos inmediatos de divisas, pero a costa de transferir renta del productor a la industria. “Es muy burdo lo que pasó. El Gobierno necesitaba dólares y arregló con las cerealeras. Ahora ellas salen a comprar más barato lo que ya anotaron más caro”, dijo el consultor Carlos Etchepare.
La sospecha se refuerza con la aplicación del decreto 682, que fijó la obligación de liquidar el 90% de lo declarado en apenas 72 horas hábiles. Solo las grandes multinacionales con espalda financiera pudieron cumplir con esa exigencia. El texto omitió exigir que las DJVE estuvieran respaldadas por compras efectivas a productores, lo que derivó en una ventaja clara para las compañías exportadoras.
“Ni la vimos”
En el campo la reacción fue inmediata. Vanesa Padullés Igoillo, productora de Córdoba, resumió la decepción: “Los productores ni la vimos. Fue un Cyber Monday para algunos, compraron como si un tractor valiera 30% menos granos en un día”. Néstor Roulet, exintegrante de la Mesa de Enlace, fue aún más gráfico: “Anotaron DJVE a 400 dólares la tonelada, trajeron los dólares y ahora salen a comprar a 300. Cien dólares por tonelada de diferencia, a cambio de 7.000 millones de dólares ingresados”.
Las críticas también recordaron la vigencia de la ley 26.351, que obliga a demostrar que la mercadería declarada está efectivamente comprada o en stock. De lo contrario, se debería tributar la alícuota aplicable al momento de la exportación. En el sector esperan definiciones: si el Gobierno exigirá ese cumplimiento, en especial porque gran parte de las operaciones registradas todavía no se transformaron en compras reales.
“Resulta muy llamativo que, en tan poco tiempo, la exportación haya presentado tantas declaraciones juradas para cubrir semejante monto”
Nicolás Pino Presidente de la Soc. Rural
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó en un comunicado que la medida fue “claramente coyuntural” y que no dejó beneficios para los productores. “Solo consolidó ganancias extraordinarias para un reducido grupo de intermediarios”, planteó la entidad, que reclamó reglas claras y duraderas, además de una eliminación gradual y planificada de las retenciones.
En apenas tres días, la medida que había generado ilusión en el campo reavivó la histórica tensión con las cerealeras. Para los productores, fue otra prueba de que las reglas del juego suelen favorecer a quienes concentran el negocio y tienen capacidad de negociación con el Estado. Y dejó planteada una pregunta que aún resuena en el sector: ¿cuánto del alivio fiscal anunciado se transformó en ingresos reales para quienes producen los granos?
El economista y exasesor de Milei, Carlos Rodríguez, fue directo: “Para eso hay plata, para comprar remedios no hay plata!. Típico de la mesa de dinero que maneja la economía”.
