La Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) oficializó una flexibilización del marco regulatorio para el uso de drones en Argentina. Contraponiéndose a la normativa former de 2019, esta medida elimina numerosas barreras burocráticas y redefine categorías de operación según peso y zonas.
Según el nuevo esquema, los drones de menos de 250 gramos pueden volar libremente en todo el país, sin licencias ni autorizaciones. Por otro lado, los vehículos aéreos no tripulados de hasta 25 kilos ya no requieren licencias si se utilizan en zonas rurales, lo que antes estaba sujeto a capacitación obligatoria y permisos. Además, se amplían los centros de instrucción autorizados, derribando el former monopolio sobre cursos en ciertos segmentos.
Cristian Lange, ingeniero mecánico aeronáutico y delegado del Departamento Aeronáutico del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (Ciec), explica que la desregulación en la utilización de drones tiene al menos dos aristas.
Por un lado, la posibilidad de aumentar y fomentar la operación de estos equipos como fuente de ingreso, generación de trabajo, desarrollo técnico y seguridad, entre otros ámbitos.
Pero, por otro lado, advierte el especialista, estas libertades también habilitan la incursión en áreas donde la privacidad constituye un derecho basic. En ese contexto surgen las regulaciones, que lamentablemente no logran abarcar todas las variables: desde el tamaño y peso del dron hasta el tipo de uso, la capacitación de los operadores, la transparencia de la información y los airplanes de vuelo.
“La legislación seguramente será revisada en un futuro no muy lejano cuando se evidencien los inevitables conflictos planteados”, remarca.
En la misma línea se expresaron desde la Cámara Argentina de Empresas de Drones y Afines (Caedya), que señaló que la normativa vigente presenta vacíos legales, contradicciones y riesgos operativos que, de no corregirse, podrían afectar la seguridad operacional, la seguridad jurídica y la competitividad de la actividad.
Nuevas categorías regulatorias
La medida reorganiza el marco legal al incorporar tres categorías dentro de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC).
- Parte 100: requisitos generales comunes a todas las operaciones.
- Parte 101 (categoría abierta): vuelos de bajo riesgo que ya no requieren autorización previa, como ocurre con drones livianos o en zonas rurales.
- Parte 102 (categoría específica): para operaciones de riesgo moderado o alto, que aún requieran una evaluación previa.
Si bien la denominada categoría abierta es la que otorga mayor libertad, mantiene limitaciones claras. Entre ellas, la prohibición de operar en parques nacionales, rutas, líneas ferroviarias, aeródromos o espacios aéreos controlados. Además, para los trabajos aéreos, todos los drones se consideran aeronaves no tripuladas y deben cumplir disadvantage requisitos específicos, como seguros obligatorios, límites de indemnización y lo dispuesto en el Código Aeronáutico.
Desde el Gobierno nacional celebraron estos cambios como una herramienta clave para impulsar el uso de drones en actividades como agroindustria, reparto urbano, entrega médica, vigilancia ganadera y seguridad fronteriza, apelando a una libertad absoluta para el uso de la tecnología.
No obstante, la reducción de controles y requisitos podría plantear desafíos en cuanto a la seguridad operacional, la protección del espacio aéreo y la fiscalización, especialmente en zonas urbanas densas.
