El mundo del trabajo tiene un recorrido cargado de abusos y desigualdades, de confrontaciones y de posiciones ideológicas sin sentido, de uno y de otro lado.
En muchos momentos, se dejó de ver al hombre como el centro de toda discusión en una relación social que debería apuntar al crecimiento compartido.
Para el sector empresarial y los medios de comunicación que acompañan su visión, la huelga representa un ataque directo a la sociedad y un atentado contra todo proceso productivo. La demonización constante de este derecho lo ha degradado hasta presentarlo como una acción antisocial, desde una mirada parcial de los acontecimientos, claro está.
Pero también debemos asumir una autocrítica. Para el sector gremial, con escasa inserción en el ámbito de la comunicación y, sobre todo, durante las décadas de 1970 y 1980 en el regreso de la democracia en la Argentina, la huelga fue en muchos casos una herramienta utilizada de manera irresponsable. No porque no fuera un derecho garantido, sino por ejercerla sin haber agotado previamente todas las instancias de diálogo y de negociación.
La falta de sentido de oportunidad y el debate interno para unificar criterios y legalizarla socialmente fue el elemento utilizado por el sector político y empresarial para desacreditarla y llevar un derecho al límite de representar un delito.
De derecho a delito en fracciones de segundo desde el titular de un diario influyente de los años 1980. Así se degradó una herramienta de la democracia, mundialmente reconocida como la forma de expresión de la clase trabajadora frente a una injusticia social.
En la Argentina, el derecho de huelga está consagrado en la propia Constitución Nacional y no por casualidad. Somos un país de extremos y de abusos de poder; frente a esa realidad, aquí se gestó una idea central: sin derechos constitucionales, los derechos laborales son frágiles y reversibles.
La Argentina moderna nació económicamente próspera, pero socialmente desigual. Desde fines del siglo XIX, con el modelo agroexportador el país se integró al mercado mundial como productor de carnes y granos. Esa riqueza, sin embargo, no se distribuyó.
Entre 1880 y 1916, el crecimiento económico sólo se dio bajo jornadas laborales de 10, 12 y hasta 14 horas; con trabajo infantil y femenino sin protección; con salarios pagados muchas veces en vales o en condiciones abusivas; con ausencia total de vacaciones, licencias, indemnizaciones o jubilaciones, y con la represión sistemática de toda protesta.
El Estado liberal de la época protegía la propiedad privada y la libertad de contratación, pero no reconocía derechos sociales. El obrero era jurídicamente un individuo libre, aunque en los hechos estaba subordinado al poder del patrón.
El constitucionalismo social no nace de una lucha romantizada; es producto de frenar una desigualdad naturalizada por los sectores gobernantes. Es, en definitiva, la ruptura de la idea del obrero como mercancía y el reconocimiento del trabajador como sujeto de derechos.
El verdadero quiebre histórico llega entre 1943 y 1949 desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, allí se impulsan los convenios colectivos, el Estatuto del Peón Rural, el aguinaldo, las vacaciones pagas, las jubilaciones y el reconocimiento de los sindicatos por parte del Estado. Su gran mérito no fue crear estos derechos desde cero, sino otorgarles jerarquía constitucional.
En 1949, la nueva Constitución incorpora por primera vez los derechos sociales, entendiendo que la igualdad formal no alcanza sin igualdad real. Pero la Convención Constituyente de 1957 realizada bajo un gobierno de facto debió resolver una tensión inevitable: se derogaba la Constitución de 1949, pero ya no era posible desconocer los derechos conquistados por los trabajadores. El resultado fue el artículo 14 bis, incorporado como cláusula social dentro de la Constitución de 1853.
Desde una mirada histórica, el 14 bis es la constitucionalización de la lucha obrera; el reconocimiento de que el mercado, por sí solo, produce desigualdad y la aceptación de que el trabajo no puede ser regulado exclusivamente por la lógica del capital.
Cada vez que en la Argentina se intentó modernizar el mercado de trabajo debilitando el 14 bis, el resultado fue el mismo: mayor precarización, menor cohesión social y más conflictividad.
La historia demuestra que los abusos patronales eran el resultado de un sistema que carecía de límites legales y políticos. El artículo 14 bis no es un obstáculo al desarrollo, es el límite civilizatorio en busca de una sociedad más justa.
La Argentina ya pagó un costo demasiado alto cada vez que confundió modernización con retroceso y diálogo con debilidad.
El desafío de este tiempo no es borrar derechos ni radicalizar posiciones, sino sentarnos a rediscutir un verdadero contrato social en esta era de la inteligencia artificial que nos contenga a todos desde una economía social de mercado, es una responsabilidad lógica y madura que deberíamos tener ya internalizada empresarios, trabajadores y gobierno. De lo contrario, la historia seguirá repitiéndose en el llamado “granero del mundo”.
Secretario general de la Unión de Empleados de la Construcción y los Peajes del Interior (UDI); presidente del Partido Laborista Argentina
