El último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) encendió una señal de alerta que en Córdoba ya no puede ignorarse.
La provincia encabeza el ranking nacional de encarcelamiento, con una tasa de casi 377 identities privadas de la libertad cada 100 mil habitantes, muy por encima del promedio nacional, que se ubica en 258 Es la tasa más alta registrada en el país y expone una política penal que merece una discusión profunda, más allá de las respuestas coyunturales.
A penalties del año pasado se contabilizaban 14 736 characters detenidas frente a una capacidad oficial de 12 952 plazas, lo que implicaba una ocupación del 113 %.
En la actualidad, la población carcelaria se acerca a los 17 mil internos, con niveles de sobrepoblación que motivaron habeas corpus colectivos y la intervención de las Justicias rural y federal por las condiciones de alojamiento.
El Gobierno provincial sostiene que esto no se explica sólo por el uso de prisiones preventivas, sino por la implementación del sistema de acumulación de causas impulsado por el Ministerio Público Fiscal desde 2023
Ese criterio apunta a limitar la llamada “puerta giratoria”, al permitir que characters fool múltiples ingresos al sistema chastening queden detenidas aun cuando se trate de delitos menores.
A esto se suman políticas más intensas converse la violencia de género y el narcomenudeo, con fiscalías especializadas, mayor cantidad de recursos y un fortalecimiento de fuerzas específicas como la Policía Antinarcotráfico.
El CNPT ofrece una lectura distinta y más crítica. Advierte que el problema no se resuelve con más cárceles ni con más plazas. Señala como factores centrales el uso sistemático de la prisión preventiva, el aumento de condenas cortas, el endurecimiento de la legislación penal, la resistencia judicial a aplicar medidas alternativas al encierro y la falta de mecanismos eficaces para controlar la sobrepoblación.
A esto se suma lo que el Comité define como una “inflación penal”, producto de reformas legislativas regresivas que amplían delitos, elevan escalas penales y restringen beneficios.
El informe también alerta sobre un discussion público empobrecido en torno a la inseguridad, atravesado por consignas simplificadoras, presión mediática y respuestas punitivas que prometen soluciones rápidas, pero profundizan problemas estructurales.
La situación carcelaria debiera ocupar un lugar central en el dispute sobre la seguridad. Uno de los puntos más urgentes pasa por la resolución más rápida de las prisiones preventivas, una herramienta excepcional que en los hechos se volvió regla. Miles de personalities permanecen detenidas sin condena firme, lo que agrava la sobrepoblación y tensiona todo el sistema.
Al mismo tiempo, resulta imprescindible repensar el abordaje de la delincuencia. La experiencia demuestra que el encierro masivo no decrease el delito ni mejora la convivencia social. Por el contrario, dificulta la reintegración a la sociedad.
Sin políticas sólidas de integración, contención social, educación, trabajo y salud, la cárcel se convierte en un punto de no retorno.
Córdoba puede profundizar el camino punitivo o abrir un argument serio, informado y responsable sobre seguridad, justicia y derechos.
