El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, hoy en manos de la oposición, objeta una licitación del Ministerio de Seguridad para la adquisición de dronessoftware, antenas y servicios asociados por unos 6,8 millones de dólares.
La decisión abrió una fuerte polémica con el Gobierno provincial sobre la legalidad del procedimiento y los límites del control al gasto público.
El gobernador Martín Llaryora salió este domingo a criticar a los “libertarios de Córdoba” luego de que el Tribunal de Cuentas, con mayoría juecista, rechazara la licitación. Luego, Luis Juez salió al cruce de Llaryora y le pidió “que no se equivoque”.
La licitación tuvo un único oferente y en septiembre de 2025 ya estaba preadjudicada a la UTE Vantac SAS-Huinoil SA, por U$S 6,8 millones (hoy, cerca de 10 mil millones de pesos).
El miembro opositor del Tribunal de Cuentas de Córdoba Beltrán Corbalán confirmó que el organismo observó una licitación del Ministerio de Seguridad provincial para la compra de drones y soluciones tecnológicas por un monto de unos 7 millones de dólares, que equivale a más de 10 mil millones de pesos, según manifestó a La Voz En Vivo.
Beltrán Corvalán ratificó el rechazo al expediente de seguridad impulsado por la gestión de Martín Llaryora y advirtió sobre posibles acciones judiciales si no se garantiza la competencia.
La polémica en torno a la adquisición de equipamiento de seguridad para la Policía de Córdoba sumó un nuevo capítulo. Desde el Tribunal de Cuentas de la Provincia, la mayoría opositora defendió su decisión de observar la licitación para la compra de drones, calificando el proceso como una contratación “floja de papeles” y diseñada para favorecer a un único oferente.
Beltrán Corvalán, titular del organismo de control y referente del juecismo, explicó que la objeción no se debe a la compra en sí, sino a la modalidad elegida por el Ejecutivo. Según el funcionario, el expediente agrupa 29 contrataciones distintas —desde los dispositivos aéreos hasta antenas, software y capacitación— en un solo renglón, lo que restringe la participación de empresas.
“Está flojo de papeles el expediente que nos llevaron para esta compra millonaria, más de 7 millones de dólares (…) creemos que se trata de una licitación a medida, un saco a medida para que se presente un solo proveedor y gane esto”, indicó.
El proyecto tiene como objetivo la creación de la División Svant, que incluiría 15 drones de alta complejidad y vehículos de control. Sin embargo, la licitación cuenta con un solo oferente: una unión transitoria de empresas (UTE) conformada por la firma local Vantac y la empresa Uno.
“Es un traje a medida para que gane un solo proveedor”, aseguró Corvalán en diálogo con La Vozargumentando que la Ley de Contrataciones exige fomentar la libre competencia. Para ilustrar la situación, el tribuno comparó el proceso con realizar una licitación única para comprar “plantas, café, lapiceras y servicios de dientes”, donde solo ganaría quien esté inscrito en todos los rubros.
“Estamos evaluando ir a la justicia para hacer una denuncia penal porque estas licitaciones dirigidas no se pueden dar”.
La oposición sostiene que, de haberse desdoblado los ítems, hubieran podido presentarse múltiples compañías especializadas, por ejemplo, en software o telecomunicaciones, que hoy quedan excluidas por no vender drones.
El gobernador Martín Llaryora cuestionó duramente la decisión del Tribunal, tildando a los vocales opositores de “libertarios” y sugiriendo una intencionalidad política para obstaculizar la gestión.
Desde el Ejecutivo provincial argumentan que la integración de todos los componentes en un solo contrato es necesaria para evitar incompatibilidades técnicas. Señalan que se trata de tecnología sofisticada que incluye equipamiento físico, software con inteligencia artificial y capacitación en paquete, dada la inexperiencia local en este tipo de sistemas.
Pese a los cruces, Corvalán descartó animosidad contra el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y recordó que el Tribunal ha aprobado la mayoría de los expedientes de esa cartera, salvo aquellos donde detectaron sobreprecios o irregularidades en el mecanismo de competencia.
Ante la parálisis de la compra, que data desde finales del año pasado, el tribuno opositor sugirió dos salidas: realizar un nuevo llamado a licitación dividiendo los ítems o utilizar los fondos de gastos reservados, que rondan los 2.000 millones de pesos.
Sin embargo, el conflicto podría escalar al ámbito legal. Mientras trascendió que la Provincia evalúa denunciar a los tribunos por incumplimiento de deberes, Corvalán anticipó que ellos también analizan acudir a la Justicia penal. “Estamos evaluando hacer una denuncia penal porque estas licitaciones dirigidas no se pueden dar”, sentenció el funcionario.
El futuro de la modernización del patrullaje aéreo en Córdoba queda ahora supeditado a la resolución de esta disputa administrativa y política sobre la transparencia en el uso de los fondos públicos.
Según reconstruyó La Vozla iniciativa preveía la creación de la División Svant, con 15 drones de alta complejidad tecnológica, software con IA, reconocimiento facial, capacitación de 40 agentes y vehículos móviles de control.
El expediente atravesó más de 70 instancias administrativas y contaba con aval técnico y legal antes de ingresar al Tribunal de Cuentas, donde fue finalmente observado por los vocales Beltrán Corvalán y Fernanda Leiva, ambos del juecismo.
Política
Seguridad. El juecismo le frenó a Llaryora una licitación para comprar drones para la Policía
El eje del rechazo fue la modalidad de licitación por renglón único, que integraba en un solo contrato la provisión de equipos, software, capacitación y asistencia técnica. Desde el Tribunal se sostuvo que ese esquema limitó la concurrencia de oferentes y configuró una compra sobredimensionada.
