Claudio “Chiqui” tapia, en la mira de la justicia / web
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó nuevamente en el centro de una investigación judicial luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pusiera bajo sospecha una serie de gastos millonarios que habrían sido respaldados con facturas falsas. Según la documentación incorporada al expediente, se trataría de erogaciones simuladas por un total de 235.708.914 pesos, correspondientes a 87 facturas emitidas por 16 empresas durante los años 2023 y 2024.
Las supuestas operaciones incluyen obras en el predio de Ezeiza y en la sede de la calle Viamonte, trabajos de mantenimiento y pintura, servicios de iluminación, sonido y pantallas LED, además de fletes, impresiones gráficas y prestaciones para eventos.
ARCA presentó un escrito ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien tiene a su cargo la causa en la que el organismo denunció a la AFA por presunta evasión de impuestos y falta de pago de aportes patronales por unos 19 mil millones de pesos.
En ese expediente están imputados el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes de la entidad. Según aclararon fuentes del caso, no se trató de una ampliación formal de la denuncia, sino de una comunicación al magistrado debido a que parte de la facturación cuestionada coincide con los períodos en los que se habría producido la presunta evasión investigada.
Bajo sospecha
Las compañías que emitieron las facturas figuran en la Base APOC de ARCA, un registro que incluye a empresas sospechadas de emitir facturación apócrifa por servicios o gastos que no se habrían realizado. Desde el organismo aclararon que no se trata necesariamente de firmas “fantasma”, sino de contribuyentes con actividad que, según el fisco, habrían participado en maniobras irregulares.
La empresa que más habría facturó a la AFA sería ID Constructora S.R.L., con 19 comprobantes por $44.791.407, bajo conceptos genéricos como obras, trabajos de mantenimiento, pintura y compra de materiales, sin especificar los lugares donde se habrían realizado.
La seguiría Construcciones Far West S.R.L., que habría facturado $39.668.271 por supuestos trabajos y reformas en predios de la entidad, además de provisión de materiales.
Gastos sin detalle
Otras empresas aparecen vinculadas a presuntos trabajos de pintura y mantenimiento en el predio de la AFA en Ezeiza. Entre ellas figuran Maxstore S.A. ($23.500.000), Belesan S.A. ($4.299.999), Finca María Cristina ($9.600.000), Gramez ($21.800.000), HoldembroG S.A. ($12.100.000), Meroka S.R.L. ($6.846.500), Mosili S.A. ($13.399.998) y Ninapey S.A. ($4.800.000). En ninguno de los casos, según el expediente, se especificaría con precisión qué trabajos se realizaron.
La firma Gramez también figuraría con una factura adicional por $2.500.000 correspondiente a supuestos trabajos en la sede central de la AFA, ubicada en la calle Viamonte.
Eventos, logística y otros servicios
Entre las empresas mencionadas aparece LPH Event S.A., que habría facturado $15.266.754 por servicios vinculados a shows y eventos. Es la única que presentó un detalle exhaustivo de las prestaciones, entre ellas las vinculadas a los festejos por la obtención del Mundial de Qatar.
Uno de los comprobantes describe servicios de DJ, iluminación y sonido para la recepción de familiares de jugadores en el predio de Ezeiza la noche del 19 de diciembre de 2022, por $802.230, facturados en enero del año siguiente. La misma empresa también brindó servicios técnicos en otros eventos realizados en Ezeiza y en la cancha de Independiente.
Además, Luicom S.A. habría cobrado $2.722.500 por nueve facturas vinculadas a servicios de impresión, mientras que Logística Winter S.R.L. habría emitido siete comprobantes por $22.081.258 por fletes y tareas logísticas.
Un eje clave de la causa
Para ARCA, la presunta utilización de facturación apócrifa constituye un elemento central para reconstruir el esquema de evasión investigado. La coincidencia temporal entre estos gastos y los períodos bajo análisis refuerza, según el organismo, la hipótesis de que parte de las erogaciones declaradas por la AFA no habrían existido en la realidad.
La causa continúa en etapa de análisis judicial y podría derivar en nuevas medidas de prueba para determinar si los servicios fueron efectivamente prestados o si se trató de maniobras destinadas a reducir la carga fiscal de la entidad que rige el fútbol argentino.
