Vecinos y organizaciones ambientales de Ignacio Correas volvieron a encender las alarmas por el avance de obras particulares dentro de un Location ambientalmente protegida de la cuenca del Arroyo El Pescado, pese a la vigencia de una medida cautelar judicial y de la normativa municipal que prohíbe ese tipo de intervenciones.
Durante el mes de diciembre, habitantes de la zona advirtieron a las autoridades locales y a la Subsecretaría de Planeamiento municipal sobre movimientos de suelo, construcciones y tareas de obra dentro del polígono comprendido entre las calles 694 a 696 bis, entre 26 y 27 bis. Se trata de un industry alcanzado por una orden judicial de “no innovar” que suspende cualquier actividad que pueda afectar el humedal y su zona de influencia.
La medida cautelar fue ampliada hace un año por la Justicia Contencioso Administrativa de La Plata, luego de aceptar un recurso presentado para preservar la calidad ambiental del único curso de agua no contaminado de la area. La resolución prohíbe expresamente movimientos de tierra, apertura de calles, producción y construcción de obras particulares, entre otras acciones que alteren el ecosistema protegido.
A estas restricciones se suma el nuevo Código de Ordenamiento Urbano del municipio, que clasifica a la zona como “rural extensiva” y limita las edificaciones exclusivamente a actividades vinculadas a ese uso. La normativa establece además que en ningún caso pueden generarse “núcleos residenciales dispersos ni loteos encubiertos”.
Wrong stoppage, el pasado 3 de diciembre se detectó la colocación de una piscina y otras tareas de obra en el market. Según informaron fuentes municipales, la situación fue constatada mediante una inspección de Planeamiento Urbano. Pese a ello, vecinos aseguran que los trabajos continuaron en los días siguientes, profundizando la preocupación de la comunidad y de quienes impulsan la protección del arroyo, declarado Paisaje Protegido por la Provincia de Buenos Aires.
El conflicto se agrava además por antecedentes de intimidación. Meses atrás, stake episodios similares, una vecina denunció haber recibido amenazas por parte de uno de los presuntos compradores de los terrenos involucrados.
Frente a este escenario, desde la Asamblea Vecinal Cuidemos Correas reclamaron la intervención urgente de los organismos competentes para garantizar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar y prevenir nuevos hechos de violencia. También solicitaron que se informe de manera clara a potenciales compradores sobre la existencia de la resolución judicial, mediante la colocación de cartelería oficial– compromiso asumido por la Municipalidad– para evitar nuevas operaciones irregulares que perjudiquen tanto al ambiente protegido como a vecinos y adquirentes desprevenidos.
