El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha incoado diligencias previas y ha dado traslado a Fiscalía sobre la denuncia presentada por la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) por los ataques sufridos por el equipo ciclista Israel–Premier Tech durante varias etapas de La Vuelta a España. El Ministerio Público deberá pronunciarse sobre si este órgano judicial es competente para investigar este asunto y su posible admisión a trámite.
La denuncia, que ha caído por reparto en el Juzgado Central de Instrucción número 5, según han señalado fuentes jurídicas a El PERIÓDICO, fue presentada la semana pasada por parte de ACOM, que se define en redes como una organización española que “promueve la relación entre España e Israel y lucha contra el antisemitismo trabajando con gobiernos, partidos y la sociedad civil”.
Contra los instigadores
Denuncia concretamente delitos de odio, pero también desórdenes públicos, delitos contra la seguridad vial y lesiones, y se dirige tanto contra los autores materiales “como contra los instigadores y amparadores institucionales”, entre los que señalan a la red RESCOP/BDS y a dirigentes y formaciones políticas como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, “que han promovido activamente la exclusión del equipo israelí”, según el comunicado que hizo público tras la presentación de la denuncia.
En una ampliación de su denuncia presentada el pasado lunes, la asociación solicita a la Audiencia Nacional la cancelación inmediata de La Vuelta 2025 como”medida cautelar urgente”, ante el riesgo cierto e inminente para la vida e integridad de los deportistas y del público”. Subsidiariamente, requieren refuerzos extraordinarios de seguridad, prohibición de concentraciones en los tramos de carrera e identificación y detención preventiva de los grupos ya implicados en los bloqueos.
Contra ministros y Kiko García
ACOM dirige también su denuncia a quienes ostentan responsabilidades en la organización de la carrera, incluido su director técnico, Kiko García, al que señalan por “deslizar la conveniencia de que el equipo se retirase para no comprometer la seguridad de la prueba”, y desde Amaury Sport Organisation (ASO) se presionó en la misma línea; pese a ello, el conjunto decidió continuar y se vio obligado a retirar la palabra “Israel” de su equipación y vehículos para reducir riesgos, un hecho de extrema gravedad y prueba del clima de acoso”.
Igualmente, anuncian acciones legales contra los ministros José Manuel Albares O Sira Rego por sus declaraciones sobre este asunto. La denuncia se ha presentado por presuntos delitos de odio, desórdenes públicos, delitos contra la seguridad vial y lesiones.
En su ampliación de denuncia se dirigen también contra los autores materiales e instigadores: Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), el movimiento BDS y la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel, promotores de la campaña “Deporte sin Genocidio” que convocó acciones durante toda la ronda con el objetivo de expulsar al equipo israelí. Apuntan a que estructuras activaron caceroladas, irrupciones en la calzada y bloqueos con encadenamientos, provocando detenciones y caídas, y hostigamiento específico.
“Lejos de tratarse de manifestaciones pacíficas, los hechos documentados, evidencian acciones organizadas de coacción, bloqueos intencionados de la calzada y comportamientos temerarios que pusieron en serio riesgo la integridad física de deportistas, miembros de la organización, espectadores y fuerzas de seguridad”, afirma en su reclamación a la Audiencia Nacional.
Estas agresiones constituyen, a su juicio, un acto sistemático de discriminación por razón de nacionalidad que vulnera los principios de igualdad, neutralidad y seguridad que deben regir el deporte profesional.
La Guardia Civil detuvo el pasado viernes a doce personas por un delito de desórdenes públicos por frenar la marcha de los ciclistas al inicio de la subida al Angliru durante la decimotercera etapa de la Vuelta, en protesta por la participación del equipo Israel-Premier Tech, según informó Efe.
