El juez Santiago Pedraz ha propuesto juzgar al responsable de la empresa española encargada de la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres (2015-2018), por espiar durante su asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assangey haber entregado a terceros información “ilícitamente obtenida” sobre él y otras personalidades, entre ellos varios presidentes de América Latina.
En su auto de pase a procedimiento abreviado, que equivale al procesamiento, el juez propone llevar a juicio a David Morales, responsable de la empresa Undercover Global (UC Global)por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.
También al responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacqen su caso por delito de descubrimiento y revelación de secretos.
El magistrado relata en su escrito que entre 2015 y mediados de 2018 la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres fue confiada a una empresa española, con sede social en Puerto Real (Cádiz) y oficinas en Jerez de la Frontera (Cádiz), denominada Undercover Global (UC GLOBAL).
Esta empresa dirigida por Morales, gerente y máxima autoridad, fue contratada por Ecuador como consecuencia de la “sensible situación” que se vivía con el asilo concedido a Assange.
Estos servicios consistieron en garantizar todo el perímetro de seguridad del inmueble, estableciendo personal físico que se desplazó a las dependencias para cumplir con turnos de vigilancia diaria y permanenteasí como a la vigilancia a través de las cámaras instaladas en la legación.
El juez señala que en 2017, por orden de Morales, se instalaron nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anterioresregistraban el audio de las conversaciones confidenciales que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con numerosas personalidades.
Entre ellos, el abogado Baltasar Garzónel exvicepresidente del Gobierno de España Pablo Iglesias o los exmandatarios de Bolivia, Evo Morales; Ecuador, Rafael Correa; Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; Brasil, Dilma Rousseff, y Uruguay, José Mugica.
Durante el proceso de instalación de las cámaras, Morales exigió a los técnicos, apunta el juez, que habilitaran un sistema de acceso externo (‘streaming’) para que se pudiera acceder en tiempo real a controlar todo lo que sucedía en el interior de la Embajada.
Según el instructor, Morales “pretendía abrir dos canales de ‘streaming’ para el acceso ‘online’, uno oficial para Ecuador y otro para ‘los amigos de Estados Unidos’“.
La investigación ha acreditado que Morales efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianoscanalizados a través de intermediarios y estructuras opacas, con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad en la legación diplomática.
El coche si un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien pidan el sobreseimiento de la causa.
Tras casi 14 años de odisea judicial -gran parte de los cuales los paso encerrado en la embajada de Ecuador en Londres-, Assange quedó en libertad en diciembre de 2024.
Todo comenzó en 2010 con la mayor filtración, a través de Wikileaksde documentos clasificados de la historia de Estados Unidos, cuestionando el papel de Washington en el mundo al revelar ataques a civiles en Irak y en Afganistán, así como el maltrato de presos en Guantánamo, entre otros asuntos.
Tras la filtración, Suecia emitió una orden de arresto por cargos de abuso sexual, que posteriormente fueron retirados. Assange se refugió en 2012 en la embajada de Ecuador en Londres, hasta que en 2019 fue arrestado por autoridades británicaspasando los últimos cinco años en una cárcel de alta seguridad.
