En 2025, el Gobierno firmó junto a los secretarios generales de CCOO y de UGT la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 50 euros. De esta forma, el importe aumentaba hasta los 1.184 euros brutos mensuales distribuidos en 14 pagas.
En este contexto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elaborado un informe para analizar la subida del SMI en 2023. Según el organismo, tras el aumento del salario mínimo se produjo una reducción de creación de empleo en 55.000-85.000 afiliados.
No obstante, AIReF ha determinado que la subida del SMI ha tenido un impacto “ligeramente positivo” sobre la actividad económica española. Por otra parte, también se concluye que el salario mínimo interprofesional es el más frecuente en España.
Según el informe, la subida del salario mínimo tiene un mayor impacto en los hogares con rentas más bajas. Por tanto, se habría producido “un efecto expansivo por el canal de demanda”que estaría por encima del impacto en la pérdida de empleos.
“En conjunto, el aumento de los salarios tiene una mayor relevancia que la caída inicial del empleo, lo que hace que el impacto en la renta disponible de los hogares sea positivo, impulsando el consumo y por tanto la actividad”, argumenta AIReF.
De esta forma, la Autoridad Fiscal sostiene que “el PIB real aumentaría ligeramente, con un impacto cercano pero inferior a dos décimos a largo plazo, en relación con el escenario sin medidas”.
Además, AIReF también incluye en su informe una proyección demográfica de la población de España. Según los documentos, se alcanzaría un total de 52,1 millones de personas en 2050 y 57,7 millones de habitantes en 2070. Sin embargo, a partir de 2029 no sería suficiente para compensar la proporción de población envejecida.
“El aumento de los años de dependencia económica de las personas mayores, cada vez más abundantes, plantea retos para el sistema de pensiones; la creciente demanda de servicios de salud y cuidados personales, necesarios para garantizar el bienestar socioeconómico de la población de mayor edad, supone presiones para el gasto público“, dice Airef.
