La teniente fiscal del Tribunal Supremo y ‘número dos’ del Ministerio Público, Ángeles Sánchez Conde, ha pedido al alto tribunal que absuelva al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del presunto delito de revelación de secretos que habría cometido supuesto contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Se trata de una petición consecuente con la postura que ha mantenido el Ministerio Público desde el inicio del procedimiento, que ha sentado en el banquillo por primera vez en democracia al principal representante de la Fiscalía española a petición de la acusación popular y varias acciones populares.
“Al no ser los hechos consultivos de delito, procede la libre absolución con todos los pronunciamientos a ella inherentes”, ha precisado la fiscal en el escrito de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Igualmente, insta Sala de lo Penal del Supremo que González Amador declare como testigo en el juicio que se celebrará próximamente, así como el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y el abogado de González Amador, Carlos Neira.
Relato de la Fiscalía
El breve escrito, de siete páginas, no alude a ningún detalle sobre la intervención de los periodistas que accedieron al correo y publicaron parte de su contenido antes la difusión de la nota informativa ni al borrado por parte de García Ortiz de los mensajes de sus dispositivos electrónicos durante esos días, unos hechos a los que sí se da especial importancia en los escritos de las acusaciones.
El relato de lo ocurrido, según la versión del Ministerio Público, parte del 22 de enero de 2024, cuando la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid recibió de la Agencia Tributaria informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL, cuyo administrador único González Amador.
De este informe se deducían datos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de dos delitos contra la Hacienda Pública y de un delito de falsedad en documento mercantil, al haberse aportado facturas que no se correspondían con servicios realmente prestados y que habrían sido aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer. Por estos hechos la pareja de Díaz Ayuso ha sido ya procesado.
El 20 de febrero de 2024 la Fiscalía Provincial de Madrid remitió al decanato de los Juzgados de Instrucción de Madrid la denuncia, de la que informó elDiario.es el 12 de marzo de ese año. La Fiscalía reconoce asunto tuvo una relevante repercusión mediática, “al ser el denunciado la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid”.
Actuación de MAR
Es un día después cuando la Fiscalía sitúa la actuación de Miguel Ángel Rodríguez, que según el escrito “transmitió a múltiples periodistas que la Fiscalía había ofreció un acuerdo al señor González Amador y que, antes de que el mismo pudiera responder, la misma Fiscalía había recibido órdenes ‘de arriba’ para impedir el acuerdo”, una idea que también publicó en la red social X.
La Fiscalía agrega que “como consecuencia de las publicaciones anteriores, que suponían atribuir al Ministerio Fiscal un comportamiento que se alejaba del adoptado en supuestos idénticos, que carecería de sustento legal y que le ocasionaba un evidente perjuicio”, y a partir de este momento es cuando la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, “contactó telefónicamente” con el fiscal general y sitúa el escrito el interés García Ortiz en este asunto.
La nota de prensa
“Ello permitió constatar que no había habido ningún ofrecimiento de acuerdo por la Fiscalía ni, por ello, una ulterior retirada del mismo”, agrega el escrito, que inmediatamente después relata la elaboración de una nota al respecto cuya difusión llevó a García Amador a denunciar. Las labores previas a la elaboración de la nota permitió constatar, según la número dos de la Fiscalía, “que no había habido ningún ofrecimiento de acuerdo por la Fiscalía ni, por ello, una ulterior retirada del mismo”.
A lo que añade que “ninguna intervención puede atribuirse” al fiscal general en la divulgación de los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal Julián Salto (que es el que llevaba el caso de González Amador en la Fiscalía de Madrid, y su abogado Carlos Neira. Insiste además en que “la información contenida en esos correos electrónicos “ya era conocida por otras personas” con anterioridad a que el fiscal general adquiriera conocimiento de la misma y previamente a que se difundiera la nota informativa de la Fiscalía.
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