La ministra de Igualdad, Ana Redondoestá en el ojo del huracán después de que la fiscalía denunciara en su memoria fallos en las pulseras para controlar a maltratadores. El ministerio fiscal ha destapado un error informático que provocó en 2024 una “gran cantidad” de absoluciones y sobreseimientos provisionales de agresores, los cuales transgredieron las órdenes de alejamiento para amedrentar a sus víctimas sin que su comportamiento obtuviera reproche penal porque los juzgados, de forma temporal, no dispusieron de la información. El error –que no ha provocado ninguna excarcelación y en ningún caso ha implicado que los dispositivos no se activaran cuando fuera necesario– se produjo a raíz de un cambio en la empresa adjudicataria del servicio y ha puesto en la diana a la titular de Igualdad: el PP pide su renuncia. Especialistas en violencia machista, no obstante, minimizan los fallos de las pulseras –que califican de puntuales–, y alertan de que polémicas de este tipo demuestran la necesidad reforzarse, en conjunto, las grietas del sistema policial, judicial y educativo con el fin de acabar con fallos estructurales.
El aviso de la Fiscalía ha sido doble. Por un lado, ha alertado del problema informático producido por la migración de datos de una empresa a otra, el cual impidió registrar los movimientos de los agresores durante unos meses, lo que implicó una “potencial desprotección de las víctimas”, aunque no aclara cuántas mujeres ni procedimientos se vieron afectados. Asimismo, también ha reflejado en su memoria que las pulseras dan fallos –ya denunciados en múltiples ocasiones por víctimas, abogados y especialistas– como falsas alertasla dificultad de guardar distancia entre el agresor y la víctima en los pueblos, la deficiente cobertura en zonas rurales o el tiempo que emplean los técnicos en desplazarse a algunas áreas.
El Gobierno y la Fiscalía sostienen que “las víctimas siempre han estado protegidas” porque los dispositivos “han funcionado en todo momento”
No obstante, como el aviso ha levantado polvareda, tanto el Gobierno como la Fiscalía se han apresurado a aclarar que “las víctimas siempre han estado protegidas” dado que los dispositivos “han funcionado en todo momento” y las “incidencias puntuales” derivadas de la falta de información en los juzgados sobre los movimientos de los agresores, por el cambio de contrato, se solucionaron. De hecho, el ministerio público ha aclarado que en la mayoría de casos los sobreseimientos provisionales por quebrantamiento de la orden de alejamiento –y nunca por un delito de violencia de género– “se reabrieron una vez recuperados los datos”. Según Redondo, el problema afectó a menos del 1% de los procedimientos y no ha provocado “ningún problema de seguridad” ni la “excarcelación de ningún agresor”.
4.600 activo
En cualquier caso, efectivamente, las pulseras registran fallos puntuales. Los maltratadores intentan manipularlas y usarlas para seguir amedrentando a sus parejas y hay falsas alarmas o fallos de conexión que generan estrés en las víctimas que disponen del dispositivo. Por ello, hay jueces y autonomías donde los dispositivos están muy extendidos y otras donde apenas se usan, como en Cataluñadonde en estos momentos hay 80 pulseras activas de las 4.590 en funcionamiento, frente a las 1.635 con las que cuenta Andalucía.
Algunos especialistas indican que el motivo es que en Cataluña es una de las zonas con menos órdenes de protección y alejamiento y, en concreto, los jueces recelan de las pulseras porque la central que pilota los datos está en Madrid, lo que resta tiempo de reacción a los Mossos. También hay que destacar que hay víctimas que prefieren no llevarlas.
Ninguna mujer cuyo agresor lleva una pulsera para vigilar sus movimientos ha sido asesinada, por lo que los especialistas instan a seguir usándolas
Más allá de eso, lo que es incontestable es que ninguna mujer cuyo agresor lleva una pulsera ha sido asesinada. Por ello, los especialistas reclaman que se sigan usando y que la polémica no se use para desacreditar los dispositivos porque “cualquier noticia que cuestione la eficacia de los sistemas de protección puede producir un efecto indeseable: que las víctimas se echen atrás en su propósito de denunciar o de continuar un procedimiento”, advierte la fiscal Susana Gisbert. La especialista ejerce en Valencia y corrobora que en su juzgado solo han detectado “incidencias puntuales” porque los dispositivos se activan innecesariamente, aunque siempre que hay una transgresión real del agresor avisan adecuadamente.
Los otros fallos
El problema es mucho más amplio y estructural, según la abogada especializada Julia Humet. En su opinión, “algo está fallando” si un agresor cumple su condenar y al salir de la cárcel hay que colocarle una pulsera porque “no se ha rehabilitado“. “O las penas no sirven o no se ha evaluado suficientemente el riesgo“, apunta. A su juicio, como se ha denunciado en múltiples ocasiones, el sistema de protección a las víctimas de la violencia machista acusa falta de mediossaturación o “la falta de sensibilidad de algunos profesionales”, pero “hay que ampliar la mirada” y buscar una “trasformación social”, “poniendo el foco en la prevención y la educación” para que no haya hombres que maltratan a sus parejas y, por tanto, nunca haya que vigilarlos o enjuiciarlos.
La polémica se está centrando en las pulseras, si funcionan o no, cuando debería estar en por qué obtener una orden de protección es tan complicado
A su vez, la letrada penalista Paula Narbona opina que la polémica se “está centrando en las pulseras, si funcionan o no, cuando debería estar en por qué obtener una orden de protección es tan complicado”. En su opinión, los casos en los que el juez recurre al control telemático son “anecdóticos” en comparación con el volumen de denuncias (198.000 en 2024, con apenas 4.500 pulseras activas). “Lo que no es anecdótico es la denegación constante por parte de los juzgados de las órdenes de protección para las mujeres o los menores, donde prevalece siempre la relación paterno-filial y no la seguridad de los niños”.
Por su parte, la jurista Altamira Gonzalo opina que hay que reforzar el sistema en su conjunto, como demuestra el hecho de que el 28% de las mujeres asesinadas en 2024 habían denunciado y las instituciones no supieron protegerlas. En su opinión, uno de los principales fallos es la reticencia a decretar prisión provisionalque solo se acuerda cuando hay un asesinato, “difícilmente antes”. Y errores en la valoración del riesgo que se subsanarían con más unidades de valoración forense y mejor dotadas.
Gonzalo es partidaria de mantener las pulseras porque, aunque “no aseguran al 100% que no habrá reincidencia”, junto con la prohibición de aproximación y la vigilancia policial “conforman un sistema de protección que proporciona seguridad a las víctimas, en aquellos casos que no es necesaria la prisión provisional”.
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