WASHINGTON— La Corte Suprema se negó el lunes a escuchar una apelación del presidente Trump y cortó las subvenciones de investigación a profesores de la Universidad de California que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión.
Sin comentarios ni disenso, los jueces rechazaron la apelación de la administración y dejaron en pie un fallo del Tribunal del Noveno Circuito que sostuvo que el corte de estas subvenciones de investigación violaba la Primera Enmienda.
La acción del tribunal es una victoria significativa para los profesores asediados y una derrota para Trump.
La cuestión en la apelación era si el plan de la administración podría recortar alrededor de $150 millones en subvenciones de investigación de la UC otorgadas por el Fondo Nacional de Humanidades y la Fundación Nacional de Ciencias. Fue una pequeña parte de una lucha más amplia a nivel nacional que podría afectar varios miles de millones de dólares en subvenciones gubernamentales.
Cuando Trump regresó al cargo el año pasado, emitió una orden ejecutiva para “poner fin a los programas gubernamentales DEI radicales y derrochadores”. Dijo que las universidades habían “adoptado y utilizado activamente preferencias raciales y sexuales peligrosas, degradantes e inmorales bajo el disfraz” de DEI.
En respuesta, varias agencias enviaron cartas modelo a los profesores rescindiendo sus becas. Lo hicieron a partir de palabras claves de las propuestas como diversidad, equidad o “justicia ambiental”.
A los investigadores se les dijo que sus proyectos ya no se ajustaban a las “prioridades de la agencia”.
Seis profesores de la UC presentaron una demanda colectiva para impugnar los despidos. Citaron reclamos constitucionales que incluyen el debido proceso legal, así como una violación de los procedimientos gubernamentales.
Pero la Corte Suprema redujo los reclamos en casos diferentes y mucho más amplios que involucraban subsidios de salud y educación. Dijo que las reclamaciones por subvenciones canceladas deben acudir al Tribunal de Reclamaciones Federales y no pueden ser anuladas por un juez federal.
Citando esas decisiones, el El Tribunal del Noveno Circuito limitó en mayo el caso de la UC a un reclamo de la Primera Enmienda.
El gobierno no puede utilizar “su poder para castigar o reprimir expresiones desfavorables”, afirmó el tribunal de apelaciones.
Sus jueces estuvieron de acuerdo en que el gobierno puede optar por financiar algunos programas y no otros, pero dijeron que los funcionarios no pueden discriminar a los beneficiarios de subvenciones calificados debido a su punto de vista.
El procurador general D. John Sauer, en representación de la administración Trump, argumentó que esta visión de la Primera Enmienda era errónea y podría limitar la autoridad del gobierno sobre el gasto y las subvenciones.
Le dijo al tribunal que “están en juego grandes sumas de dinero de los contribuyentes. El sistema de la UC recibió más de $4 mil millones en subvenciones federales en 2024”, dijo.
Pero los jueces denegaron la apelación en Trump vs. Thakur.
El decano de Derecho de UC Berkeley, Erwin Chemerinsky, había instado al tribunal a denegar la apelación. Sus decisiones pasadas dejan claro que “los intentos impulsados ideológicamente por suprimir un punto de vista particular son presuntamente inconstitucionales en cuanto a financiación”, dijo.







