WASHINGTON – La Corte Suprema se negó el lunes a escuchar una impugnación amplia de las restricciones de Maryland a las personas que portan armas de fuego en una amplia gama de áreas públicas.

Por ahora, el tribunal eludió la oportunidad de definir qué es exactamente un “lugar sensible”, término utilizado en fallos anteriores para describir lugares donde se podrían prohibir las armas de fuego. Como resultado, las restricciones de Maryland siguen vigentes.

Las diversas medidas estatales restringen el porte de armas de fuego en parques estatales, en el transporte público, en propiedades escolares, en centros de atención médica y en lugares que venden alcohol.

La mayoría conservadora de 6 a 3 del tribunal ha respaldado frecuentemente el derecho a portar armas en una serie de fallos que han ampliado el alcance de la Segunda Enmienda de la Constitución, que protege el derecho a portar armas.

El juez Clarence Thomas, parte de esa mayoría, escribió una breve declaración en la que estaba de acuerdo con la decisión del tribunal de no escuchar el caso de Maryland en parte porque se estaban cuestionando muchas disposiciones distintas, diciendo que “la amplitud de la impugnación de los peticionarios complicaría nuestra revisión”.

Pero mostró interés en un caso futuro que tendría un “enfoque más limitado”.

Thomas agregó que es “escéptico” de que las diversas disposiciones de Maryland sean de hecho legales.

Las diversas disposiciones de Maryland que se cuestionan incluyen algunas promulgadas en 2023 a raíz del fallo de la Corte Suprema un año antes que amplió los derechos de armas al determinar por primera vez que existe el derecho a portar un arma de fuego fuera del hogar.

Ese fallo de 2022 estableció una nueva prueba para evaluar las restricciones de armas, poniendo el foco legal tanto en las leyes nuevas como en las de larga data.

Al considerar las leyes sobre armas, los jueces ahora deben centrarse únicamente en si una ley se ajusta a una comprensión histórica de la Segunda Enmienda.

Pero en un fallo de 2008, cuando el tribunal reconoció por primera vez el derecho individual a portar armas, el juez Antonin Scalia escribió en opinión mayoritaria que “en nuestra opinión, nada debe tomarse para poner en duda… las leyes que prohíben portar armas de fuego en lugares sensibles como escuelas y edificios gubernamentales”.

Los defensores del derecho a portar armas admiten que existe una larga historia de prohibición de armas de fuego en ciertos lugares, incluidos lugares de votación, juzgados y legislaturas.

Pero argumentan que estados como Maryland han ido demasiado lejos al extender esas prohibiciones a lugares públicos modernos como aeropuertos y distritos de entretenimiento.

Los funcionarios de Maryland son “abiertamente hostiles” al derecho a portar armas, y las restricciones son tan amplias que limitan severamente la capacidad de portar armas de fuego en público, dijeron abogados que impugnan la ley de Maryland en documentos judiciales. Representan a residentes individuales de Maryland que quieren portar armas en público, así como a cuatro grupos defensores de los derechos de las armas.

Otros estados con restricciones igualmente amplias incluyen California, Nueva York, Nueva Jersey y Hawaii.

El fiscal general de Maryland, Anthony Brown, un demócrata, instó al tribunal a no aceptar el caso, diciendo en documentos judiciales que existen “vastas áreas de consenso compartido” sobre qué lugares deberían considerarse lugares sensibles.

Desde el fallo de la Corte Suprema de 2022, los tribunales inferiores han luchado por cómo aplicar la nueva prueba a los contextos modernos.

La propia Corte Suprema pareció reconocerlo en un fallo de 2024 cuando confirmó una ley federal que prohíbe a las personas sujetas a órdenes de restricción por violencia doméstica poseer un arma de fuego, una decisión que enfureció a los activistas por los derechos de las armas.

En su fallo más reciente sobre derechos de armas, el tribunal anuló en junio una ley de Hawái que buscaba limitar el ingreso de armas de fuego a propiedades privadas abiertas al público. La ley de Maryland contenía una disposición similar que fue anulada por un tribunal inferior y no es objeto de la última apelación.

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