El Concejo Deliberante de Córdoba volvió a poner en agenda la discusión del nuevo marco regulatorio del transporte urbanola norma que definirá cómo funcionará el sistema de colectivos en la ciudad durante la próxima década.
El debate había quedado relegado tras la sanción de la ordenanza que habilitó a las aplicaciones de viajes, aprobada el mes pasado en medio de una fuerte controversia.
La semana pasada, la comisión de Servicios Públicos recibió a funcionarios de la Secretaría de Movilidad municipal.
Luego de ese encuentro, el presidente de la comisión, Marcos Vázquez (Hacemos Unidos por Córdoba), señaló que el objetivo es llevar el proyecto al recinto en octubre.
“Se busca un marco normativo que no llegue a los 10 años de rodillas, sino con una mirada a una ciudad como la nuestra, donde se puedan seguir incorporando nuevos modos de viajar. Entre las novedades, se plantea la incorporación de tecnología, como el botón antipánico”, afirmó.
El proyecto había ingresado en abril con la intención de aprobarlo en julio para licitar hacia fin de año. Sin embargo, en el medio el sistema afrontó la adaptación de dos nuevas empresas que desembarcaron –Grupo Fam y Sí Bus– y el Concejo concentró su atención en la regulación de Uber.
Con el nuevo cronograma, de aprobarse en octubre, la licitación se realizaría hacia finales del primer trimestre de 2026.
Críticas de la UCR y propuestas de modificación
Desde la Unión Cívica Radical, la presidenta del bloque, Elisa Caffaratti, advirtió que el texto elaborado por el Ejecutivo “tiene puntos positivos, pero también serias falencias que pueden afectar la calidad del servicio y los derechos de los usuarios”.
Remarcó que el debate “no es menor, porque de estas decisiones depende la forma en que miles de cordobeses viajan todos los días”.
Según la concejala, la discusión carece de información clara sobre la situación actual.
“No se sabe cuántos colectivos están circulando oficialmente en Córdoba, qué pasó con las unidades de Tamse compradas en la gestión del exintendente Martín Llaryora, ni en qué condiciones se usan esos vehículos por parte de empresas con contratos precarios. Tampoco se conoce un estudio actualizado de movilidad que muestre cómo se mueven los cordobeses y qué zonas necesitan mayor cobertura. Sin esos datos, se termina diseñando una ordenanza a ciegas”, sostuvo.
Caffaratti también cuestionó que el proyecto habilite a las empresas a operar hasta 15 años entre concesiones, prórrogas y permisos precarios.
La propuesta radical es reducir ese plazo y limitar la continuidad máxima a un año con control legislativo, sin prórrogas indefinidas. Además, planteó bajar la antigüedad promedio de las unidades a cinco años, con un 10% de reserva para garantizar el servicio.
Otro punto señalado por la UCR es la falta de mecanismos claros de participación ciudadana. “Así, los recorridos pueden modificarse o eliminarse sin consultar a quienes dependen de ellos. Proponemos instancias obligatorias de consulta vecinal”, expresó la edil.
También pidió auditorías anuales y control legislativo sobre el fideicomiso que administrará los fondos del sistema.
Un esquema de servicios con nuevas categorías
El proyecto propone una reorganización general del sistema, con nuevas clasificaciones para recorridos y calidades de servicio.
Se distinguen tres modalidades de recorridos: troncal, de enlace y barrial.
El troncal se prestará en rutas principales y con alta frecuencia; el de enlace conectará periferias con centros de transferencia, y el barrial se destinará a traslados internos en áreas específicas de la ciudad.
En relación con la calidad del servicio, la normativa diferencia el servicio regular urbano y el especial. El primero tendrá variantes: común ordinario (con paradas en todos los puntos), común expreso (con paradas estratégicas) y diferencial (expreso con mayor confort y tarifa diferenciada). El servicio especial se aplicará en traslados por eventos o emergencias.
Respecto de la tecnología de las unidades, se establecen dos categorías: convencionales, a combustibles fósiles, y sustentables, impulsadas por electricidad, gas natural, híbridos u otras alternativas.
No se fijan porcentajes obligatorios de flota sustentable, aunque la ordenanza incorpora esta categoría al esquema general. La antigüedad máxima de los vehículos será de ocho años para los convencionales y 10 para los sustentables, con una vida útil de hasta 12 y 15 años, respectivamente.
Exigencias de seguridad y accesibilidad
Todas las unidades deberán contar con piso bajo, espacios para personas con movilidad reducida, GPS y botones antipánico conectados al Observatorio de la Movilidad.
Este organismo será el encargado de monitorear la frecuencia de los servicios, la cantidad de pasajeros transportados y los kilómetros recorridos, además de evaluar el desempeño de las concesionarias.
Uno de los aspectos centrales es la definición de frecuencias mínimas obligatorias. La ordenanza prohíbe que los prestadores suspendan el servicio o modifiquen recorridos sin autorización municipal.
En los “Servicios Esenciales y de Alta Prioridad”, las frecuencias no podrán reducirse más del 30%, incluso en caso de medidas de fuerza.
Tarifa, subsidios y beneficios sociales
El régimen tarifario estará basado en una fórmula polinómica que contemplará costos operativos, extensión de recorridos, cantidad de boletos, pasajeros transportados, subsidios y las inversiones en infraestructura.
La tarifa base se actualizará cada tres meses como máximo y será definida por el Concejo.
Se establecen beneficios especiales: gratuidad para menores de cuatro años, mayores de 70, personas con discapacidad, personal de seguridad en servicio, inspectores municipales y autoridades de mesa durante elecciones.
Los estudiantes tendrán tarifa diferencial durante el ciclo lectivo y habrá una tarifa social para sectores de bajos recursos.
El financiamiento se organizará a través de un fideicomiso que administrará los ingresos de boletos y subsidios, con posibilidad de aportes municipales.
Concesiones y sanciones
Las concesiones tendrán una duración máxima de 10 años, con posibilidad de prórroga por dos años adicionales. La adjudicación se realizará mediante licitaciones públicas, nacionales e internacionales.
Las sanciones previstas incluyen multas, suspensión del servicio y, en casos graves, la caducidad de la concesión con inhabilitación por 10 años.
La discusión legislativa continuará en las próximas semanas en comisión. El oficialismo aspira a sancionar la ordenanza en octubre, aunque la oposición radical insiste en introducir cambios antes de la votación en el recinto.
