Según un relevamiento, la ciudad de Córdoba tiene actualmente casi 300 basurales a cielo abierto, contabilizando micro y macro depósitos ilegales de residuos. El relevamiento, encabezado por la concejal Elisa Caffaratti (UCR), se inició como un muestreo de 30 sitios y se transformó en un mapeo con geolocalización y registros fotográficos.
Los resultados confirman que alrededor 94 de esos focos, por el volumen de residuos acumulado, ya se pueden catalogar como macrobasurales, con un alto impacto ambiental. El resto son basurales de menores dimensiones.
En las últimas semanas, tres de ellos se convirtieron en noticia: el ubicado en la calle paralela a la avenida Lino Spilimbergo, que se incendió; el de Juan Martínez y Roque Arias, que también se prendió fuego; y el de Costa Canal, cercano al Aeropuerto Córdoba, donde se originó el “olor a coliflor” que se sintió en amplias zonas de la ciudad.
De los basurales relevados, el 28,4% (81 focos) están en la zona noroeste de la ciudad. El sector sudoeste presenta el 25,3% del total (72); el noreste el 24,6% (70); y el sudeste el 21,7% (62).
La composición de los residuos
El estudio en terreno elaborado por la concejala Elisa Caffaratti permitió identificar la tipología de los desechos encontrados en los distintos predios.
En los macrobasurales predominan restos de obras y demoliciones, con grandes montañas de escombros, fragmentos de pavimento y hormigón, compuestos metálicos oxidadas, postes de luz abandonados y acumulaciones de neumáticos. También se observan restos de poda de gran volumen que deberían haber sido gestionados a través de los sistemas regulares de recolección.
A este panorama se suma la detección de residuos peligrosos, como animales muertos, bidones de productos químicos y vidrios, lo que representa un riesgo sanitario directo para quienes habitan en las inmediaciones.
En los microbasurales, en cambio, la composición es distinta: allí se encontró mayoritariamente basura domiciliaria, con restos de comida en estado de descomposición, carnes y verduras arrojadas por pequeños comercios, además de muebles en desuso, electrodomésticos y escombros menores.
La presencia de plagas, los malos olores permanentes y la cercanía de muchos de estos focos a escuelas, clubes deportivos, plazas y viviendas vulnerables agravan el diagnóstico.
Caffaratti advirtió sobre la gravedad del escenario: “Cada punto del mapa es una señal de alarma. Córdoba convive con una bomba ambiental y sanitaria que la gestión anterior dejó instalada y que la actual administración no logra desactivar”.
Impacto en barrios vulnerables
El mapa presentado expone un patrón claro. La mayor parte de los basurales se encuentran en la periferia norte y este, zonas históricamente relegadas en servicios urbanos. En el este, además, varios focos rodeaban el curso del río Suquía y avanzaban sobre viejas lagunas de extracción de áridos que ahora quedaron tapadas por residuos.
Algunas de esas lagunas, ubicadas en caminos como el de La Semillería o en cercanías de Chacras de la Merced, se hallaban completamente contaminadas y aún no se determinó si existen filtraciones de líquidos hacia el río.
El contraste presupuestario
El informe opositor cuestionó la utilización de recursos municipales. El presupuesto 2025 destinó más de $ 268 mil millones a programas ambientales, lo que representó casi el 20% del gasto total, pero la oposición denunció que esos fondos no se tradujeron en mejoras efectivas en el territorio.
Según el documento, la fragmentación institucional entre la Secretaría de Ambiente, el COyS, el ente BioCórdoba y la Unidad Costanera derivó en superposición de funciones, falta de planificación y ausencia de resultados concretos.
Según Caffaratti, a esto se suma la situación de las escombreras municipales, que deberían funcionar como centros de disposición controlada y que, en la práctica, operan con serias deficiencias. No cuentan con personal técnico permanente, no clasifican los materiales y mezclan escombros con residuos domiciliarios y voluminosos.
Además, dijo Caffaratti, están ubicadas en zonas cercanas a viviendas y cursos de agua, lo que incrementa el riesgo sanitario.
“El municipio priorizó la propaganda ambiental, los congresos internacionales y la obtención de premios antes que dar soluciones reales”, sostuvo la edil radical. Según la concejala, mientras se anunciaban reconocimientos internacionales por programas ambientales, en los barrios los vecinos siguen respirando “humo tóxico y conviviendo con plagas”.
Respuesta del oficialismo
Desde el Ejecutivo municipal, el secretario de Ambiente, Gabriel Martín, en dialogo con La Voz defendió la gestión y relativizó las cifras presentadas por la oposición.
Reconoció la existencia de entre 98 y 130 basurales consolidados, pero sostuvo que el resto de los puntos incluidos en el informe opositor corresponden a “puntos de arrojo” esporádicos que son limpiados periódicamente.
Martín explicó que la diferencia radica en la metodología: para la Municipalidad, un basural consolidado es aquel predio que recibe descargas recurrentes y que demandaba maquinaria pesada para su limpieza. En cambio, el informe opositor contabilizó también lugares donde se arroja basura de forma ocasional y que son tratados por el municipio como focos transitorios.
“Es fácil sacar una foto y hablar de bomba ambiental, pero eso no refleja un proceso dinámico. Hoy puede haber 300 puntos y mañana 200. Nosotros limpiamos recurrentemente y recuperamos más de 100 predios que se transformaron en espacios públicos. La Córdoba que heredamos era un río de cloacas, y ahora la situación es distinta”, expresó Martín.
El funcionario agregó que algunos de los macrobasurales, como los de Spilimbergo o Roque Arias, eran “paradigmáticos” porque recibían descargas ilegales de forma recurrente, pese a la acción municipal. “La responsabilidad también es cultural: cuando la gente identifica un lugar para tirar basura, lo sigue utilizando de manera sistemática”, argumentó.
“Cáncer ambiental”
El director de Higiene Urbana, Aníbal Bove, describió con crudeza la dimensión de la crisis de los basurales en Córdoba. En diálogo con este medio, advirtió que la ciudad convive con un fenómeno que ya dejó de ser circunstancial para transformarse en una enfermedad crónica.
“Estamos frente a un cáncer ambiental, un problema que se expande como una metástasis: limpiamos un punto y automáticamente se generan tres más en otro lugar. Esto no es casualidad, es consecuencia directa de la presión económica y de un comportamiento social que muchas veces desconoce el daño que provoca”, afirmó.
Para Bove, la basura se volvió un espejo incómodo de las desigualdades sociales y de la falta de conciencia ciudadana. Explicó que gran parte de los basurales no se originan por necesidad sino por desidia: desde particulares que arrojan escombros para ahorrarse el costo de un contenedor, hasta empresas constructoras que, aun teniendo recursos, eligen volcar toneladas de residuos en terrenos baldíos para evitar el pago de tasas y traslados.
“No podemos seguir naturalizando que haya camionetas 4×4 descargando en los mismos lugares donde los carreros revuelven para sobrevivir”, señaló.
El funcionario remarcó que el municipio enfrenta un desafío doble: por un lado, la falta de recursos humanos para fiscalizar un ejido urbano de 40 por 40 kilómetros; por el otro, la necesidad de ofrecer alternativas legales y accesibles para el descarte de residuos.
En ese sentido, destacó el avance en la creación de nuevos Centros de Transferencia de Residuos (CTR) y escombreras, que permitirán ordenar lo que hoy se hace de manera clandestina.
“No alcanza con prohibir. Hay que generar espacios habilitados, controlados y con presencia estatal para que la gente adopte nuevas conductas. Si no damos esa transición, la basura va a seguir buscando dónde caer”, advirtió.
Bove fue categórico al señalar que la solución no puede limitarse a sanciones económicas. Propuso un esquema de sanciones sociales para quienes sean detectados arrojando residuos ilegalmente.
“La multa sirve, pero mucho más sirve que el infractor tenga que volver al lugar y limpiarlo con sus propios medios. Ese es el verdadero aprendizaje. Si una empresa gasta combustible, maquinaria y horas de trabajo para reparar lo que hizo, difícilmente repita la misma conducta”, sostuvo.
Reclamos del sector privado
Los empresarios vinculados a la construcción y al retiro de escombros también expresaron sus críticas.
Oscar Carcar, tesorero de la Cámara de Contenedores de Córdoba, afirmó que las escombreras habilitadas no resultaban suficientes y que las distancias hasta los predios encarecían los costos de operación. Explicó que las únicas escombreras habilitadas tienen horarios y una capacidad limitados.
“Hace más de 15 años pedimos predios en cada punto cardinal para evitar recorridos de 40 kilómetros con cada camión. Hoy muchas empresas apenas sobreviven porque el costo de traslado es altísimo. Si nos cierran una escombrera, tenemos que cerrar la empresa”, relató.
Carcar también denunció irregularidades en los controles municipales. Señaló que muchas veces las inspecciones se enfocaban en aspectos secundarios, como el estado de los contenedores, mientras que las descargas ilegales siguen operando sin sanciones.
“Nos multan por un contenedor despintado, pero quienes tiran en lugares ilegales siguen trabajando sin sanción. Los únicos que hacen negocio son quienes recogen basura en predios clandestinos con acuerdos poco claros”, afirmó.
En la Cámara de Contenedores hay inscriptas unas 25 empresas, pero en total operan entre 50 y 60 compañías en la ciudad, incluyendo camiones de demolición y poda. Sin embargo, no existe un registro público ni una plataforma que indique cuáles son las firmas habilitadas, lo que, según Carcar, facilita la proliferación de actores informales en el sistema.
Propuestas y plan integral
Frente a este panorama, el bloque radical reclamó la creación de un plan integral con conducción técnica y control ciudadano.
La propuesta incluye la implementación de un registro público y actualizado de empresas habilitadas para la disposición de residuos voluminosos, así como controles más estrictos a las prestatarias para garantizar que cumplan con los pliegos, que abarcan la recolección de poda, escombros y voluminosos.
También se planteó la necesidad de reorganizar la estructura ambiental municipal para evitar la superposición de competencias entre distintas áreas, y profesionalizar el funcionamiento de las escombreras municipales, incorporando trazabilidad y separación de materiales en origen.
La propuesta de la oposición también contempla la habilitación de nuevos predios de disposición, especialmente en la zona norte de la ciudad, con acceso regulado y criterios ambientales seguros.
Además, plantea la implementación de un sistema de trazabilidad de los residuos voluminosos desde su generación hasta su disposición final, y la creación de una plataforma digital abierta donde los ciudadanos pudieran denunciar la existencia de basurales y realizar un seguimiento en línea del cumplimiento de los compromisos de limpieza.
Caffaratti aseguró que Córdoba necesita un plan serio, transparente y sostenido en el tiempo. “No hay más margen para parches ni silencios. El municipio tiene la responsabilidad de escuchar y ejecutar. Desde el bloque vamos a seguir controlando, proponiendo y acompañando a los vecinos”, aseguró.
