Nueve sospechosos acusados por la Justicia de haber conformado una asociación ilícita destinada a asaltar a conductores de aplicaciones de transporte como Uber y Didi en la ciudad de Córdoba se enfrentan por estos días a la elevación a juicio de la causa.
Lo que comenzó como una denuncia aislada y aparentemente sencilla, derivó en una investigación mucho más compleja que tramitó el fiscal de instrucción Juan Pablo Klinger.
Tras los hilos investigativos, la brigada de la Unidad Judicial 18 siguió un presunto entramado delictivo que operaba con roles definidos, logística propia y un modo de operación reiterado.
Con el paso de los días, fueron descubriendo una sucesión de robos violentos de automóviles, estafas digitales y hasta resistencia a la autoridad. Todas habrían estado conectadas entre sí.
El inicio de la causa: una denuncia que reveló más
La chispa que encendió la investigación contra la aparente banda fue una denuncia por el robo de un automóvil a un conductor de Uber en abril de 2024.
Aquello que parecía un hecho puntual terminó mostrando un patrón: tras la orden del fiscal Klinger, los investigadores de la Unidad Judicial 18 comenzaron a rastrear perfiles falsos usados en las aplicaciones de transporte, detectar domicilios vinculados y cruzar testimonios.
Con el avance de las pruebas, emergió la hipótesis de que los autores no actuaban de forma aislada.
La investigación fue mostrando que cada uno de los acusados formaba parte de una asociación ilícita con estructura interna, liderada por uno de los principales imputados, Gustavo Facundo Pérez.
La acusación fiscal alcanza a nueve personas: Gustavo Facundo Pérez, Iván Roy Gutiérrez, Manuel Enrique Meier, Ignacio Fabián Britos, Úrsula Lescano, Brisa Azul Riuli, Leandro Ibarra, Jonathan Luján y Franco Pereyra Sava.
Según el requerimiento de elevación a juicio, el grupo se organizaba para solicitar viajes mediante las aplicaciones Uber y Didi utilizando perfiles creados con datos propios o de terceros.
Una vez que el chofer llegaba al punto indicado, los asaltaban con violencia, lo despojaban del automóvil y de pertenencias, y luego distribuían los beneficios entre los distintos integrantes.
Mientras algunos de los acusados participaban directamente de los robos, otros se ocupaban de vender los bienes robados.
También había encargados de la gestión de cuentas bancarias para canalizar dinero proveniente de transferencias fraudulentas o asegurar el ocultamiento de los vehículos sustraídos.
Asociación ilícita: hechos violentos contra choferes de aplicaciones
La investigación que comenzó por un solo hecho termina acumulando al menos 14 actos delictivos atribuidos a la banda.
Entre los más relevantes, figura el ocurrido el 20 de abril de 2024, cuando un chofer de Uber fue brutalmente golpeado y despojado de su Peugeot 408 y de dinero en efectivo.
Otro hecho significativo se produjo el 26 de mayo de 2024, con el robo de otro vehículo, también solicitado a través de la aplicación.
El 9 de julio, un conductor de Didi fue amenazado por tres imputados, quienes le exigieron su billetera y su automóvil Fiat Mobi. El 13 de julio, otra conductora fue intimidada con un arma de fuego y despojada de su auto, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
En la causa se describen transferencias electrónicas fraudulentas: en una de ellas, más de 100.000 pesos fueron derivados a la cuenta de una de las imputadas.
De acuerdo con la investigación, Gustavo Facundo Pérez ejercía el liderazgo, tomando las decisiones clave y participando directamente en los hechos violentos.
En tanto, Iván Roy Gutiérrez y Jonathan Gabriel Luján eran piezas activas en los robos. Leandro Valentín Ibarra e Ignacio Britos también integraban el grupo de ejecutores.
Úrsula Sofía Lescano y Manuel Enrique Meier se encargaban de la comercialización de los vehículos y objetos sustraídos.
Por su parte, Brisa Azul Riuli aportaba su cuenta bancaria y teléfono celular para mover el dinero de las estafas. Franco Nahuel Pereyra Sava, aunque con menor protagonismo en la estructura, aparece vinculado a episodios de resistencia a la autoridad.
El patrón común en los hechos era el uso de perfiles falsos en las aplicaciones de transporte, la intimidación mediante violencia o armas, y la posterior redistribución de beneficios.
Resistencia, allanamientos y nuevas imputaciones
La investigación también incorporó episodios posteriores a los robos.
En septiembre de 2024, durante un control policial en barrio Colinas del Cerro, dos de los imputados se resistieron a ser identificados y amenazaron a los efectivos.
Ese mismo día, otra de las acusadas intentó liberar a su hermano de un móvil policial, lanzando insultos y piedras.
Los allanamientos realizados a partir de estas intervenciones permitieron secuestrar teléfonos, documentación y otros elementos que reforzaron la hipótesis de una organización con permanencia en el tiempo.
“Esos teléfonos fueron las claves para conocer la operatoria de la banda”, reconocieron los pesquisas.
En 2025, nuevos hechos de robos domiciliarios fueron atribuidos a uno de los acusados, ampliando aún más la acusación en su contra.
Así declararon los acusados
Durante el proceso, la mayoría de los imputados negó su participación en los hechos. Algunos optaron por el silencio, otros se desligaron de la banda o intentaron minimizar su papel.
Hubo incluso quienes señalaron haber sido manipulados por parejas o conocidos y aseguraron que desconocían el origen del dinero que pasó por sus cuentas.
Más allá de las distintas versiones, los investigadores insistieron en que las pruebas reunidas –testimonios de víctimas, peritajes de teléfonos, registros bancarios y secuestros en allanamientos– conforman un cuadro sólido para llevar a juicio a los acusados.
Estos elementos, dijeron los pesquisas, le permitió al fiscal avanzar con la elevación a juicio, que fue remitida este miércoles a la Cámara en lo Criminal y Correccional.
Ahora se deberá analizar la acusación contra los nueve imputados. Se espera que las audiencias incluyan testimonios de las víctimas, peritos y policías que participaron en la investigación.
