El Gobierno se apoya en Bullrich para el debate en el Senado / web
El Gobierno nacional pondrá en marcha esta semana la maquinaria legislativa con el objetivo de avanzar con su paquete de leyes durante las sesiones extraordinarias que comenzarán el 2 de febrero. En el centro de la estrategia oficial aparece la reforma laboral, una de las iniciativas más sensibles del temario y la que mayor resistencia genera tanto en el arco sindical como entre los gobernadores.
En este escenario, la Casa Rosada maneja un cronograma ajustado. La intención es llevar la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares al recinto del Senado el 12 de febrero para, una semana después, buscar la sanción en Diputados.
La estrategia oficial se terminará de pulir hoy en la mesa política que encabeza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí también se definiría que el acuerdo Mercosur–Unión Europea sea enviado directamente al Senado y no a Diputados, como se había evaluado inicialmente.
En lo respectivo a la reforma laboral, en Balcarce 50 aseguran contar con los votos necesarios para “blindar” los proyectos en la Cámara Alta, apoyándose en la articulación política que encabeza Patricia Bullrich en el Senado.
También en el kirchnerismo, representado por Unión por la Patria, y en algunas vertientes del peronismo parecen resignarse a que la reforma laboral será aprobada por el Congreso sin demasiadas dificultades para el Gobierno.
No obstante, desde Unión por la Patria avanzarían con un dictamen de minoría para impulsar su propio proyecto y luego votar en contra del texto oficial. Apenas un formalismo para sentar postura, ya que dan por hecho que “el Gobierno ya tiene adentro las extraordinarias”.
Doble desafío
Por fuera del plano legislativo, a los libertarios se les presenta un doble desafío: los reclamos de los gobernadores y de la CGT.
En ese sentido, el ministro del Interior, Diego Santilli, intensificará las reuniones con los gobernadores “dialoguistas” —tras los encuentros con Gustavo Sáenz, Rogelio Frigerio, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck— para destrabar las tensiones por los cambios tributarios.
El acompañamiento de los mandatarios provinciales, reconocen en el oficialismo, será clave para destrabar el tránsito de la reforma laboral por Diputados, donde el escenario aparece más fragmentado y con mayor capacidad de presión opositora.
Frente a la demanda por más fondos, el Gobierno ofrecería una contrapropuesta sobre la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, descartando por el momento compensaciones por fuera del Presupuesto, como obras públicas específicas. Una decisión que, sin disipar las tensiones existentes, marca el límite que el Ejecutivo está dispuesto a fijar en la discusión fiscal.
Por otro lado, la reforma reabre la puja con la CGT y otros sectores sindicales, que observan con preocupación el avance del proyecto y rechazan cualquier iniciativa que implique una flexibilización de derechos laborales o un debilitamiento de la negociación colectiva.
Aunque la cúpula de la CGT mantiene contactos con el Gobierno para negociar cambios, un sector encabezado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) reclama una postura más dura y no descarta un nuevo paro contra Milei. Además, la central obrera buscará influir sobre los gobernadores para que no acompañen la reforma tal como está.
Por todo esto, en el Gobierno descuentan resistencia gremial y no descartan un aumento de la conflictividad social a medida que se acerque el tratamiento parlamentario.
